Así, la junta directiva de Coave, tras hacer un recorrido histórico por el proceso del PGOU -indicando que en 2003 se procedió a la aprobación inicial de la citada revisión, ya en 2005 se aprobó el documento de contestación a las alegaciones formuladas, en 2006 el documento de Aprobación Prosivional I, y en 2007 y tras el cambio del equipo de Gobierno se contrata a Territorio y Ciudad, TyC, para la redacción de un nuevo documento completo para el PGOU, apto para una nueva aprobación provisional con sometimiento al trámite de información pública, siendo en octubre de 2009 cuando se aprueba la Aprobación Provisional II- informa de que “actualmente la revisión del PGOU se encuentra paralizada, pendiente del informe preceptivo de la Delegación Provincial de Medio Ambiente”.
Por una serie de condiciones, explican que ya se ha mostrado en diferentes ocasiones la necesidad de “redacción y aprobación del nuevo PGOU a la mayor brevedad posible, con el fin de acabar con la situación insostenible para las familias afectadas” por viviendas que se definen como diseminados. Y a finales del mismo mes Chamizo contesta que “una vez estudiada su queja, podemos comunicarle que ha sido admitida a trámite, ya que consideramos que, en principio, reúne los requisitos establecidos en la ley”.
Para explicar el problema, el coordinador, José Antonio Castro, explica que su entidad agrupa a 26 entidades que integran a más de dos mil personas propietarias de viviendas construidas en terrenos rústicos, en parcelaciones ilegales, que “soportan unas condiciones de infravivienda evidentes, careciendo en la mayoría de los casos de servicios generales como luz, agua, recogida de basuras o red de alcantarillado”. Así, indica que tampoco pueden hacer obras de mantenimiento de las viviendas, con el consiguiente deterioro de las mismas, agravándose la situación en época de lluvia, puesto que las calles, al carecer de alcantarillado, se convierten en barrizales, sufriendo inundaciones.
Pero además indica que hay que mencionar la situación que padecen las familias que soportan expedientes de demolición de sus viviendas, con sus correspondientes multas coercitivas y que dado la crisis económica es complicado solventar.
En la asamblea celebrada a principios de diciembre, explica Castro, “tras dejar constancia de que sabemos que la aprobación definitiva de la revisión del actual PGOU en desarrollo no va a solucionar de la noche a la mañana todas nuestras necesidades, sí podemos afirmar con rotundidad que la demora en su aprobación agrava considerablemente nuestra situación y perjudica claramente al desarrollo del resto de la población”, por ello solicitan la implicación del Defensor del Pueblo, para que se haga efectiva su intervención para que por cualquier administración implicada, sea municipal o supramunicipal, se tomen las medidas oportunas en los trámites administrativos por los que deba pasar la revisión del PGOU de la ciudad hasta su aprobación definitiva.
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