El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado 90 proyectos por un valor estimado de 1.400 millones de euros para que puedan ser financiados con fondos europeos para la recuperación (más de 140.000 millones para España del programa llamado Next Generation). Entre esa batería que ahora tiene que pasar el primer cribado por parte de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juan Espadas ha incorporado uno con el que busca no sólo fomentar el uso de energías renovables sino que esa energía sirva para dar suministro a aquellos que sufren una situación de vulnerabilidad.
El proyecto en cuestión persigue instalar una red de generación de energía renovable en 250 edificios y espacios públicos. Instalaciones tanto de placas fotovoltaicas como de baterías o acumuladores de almacenamiento que cumplan con un triple objetivo: garantizar el suministro de los edificios públicos, ofrecer recarga a los vehículos eléctricos y atender las necesidades de hasta 2.000 familias en situación de vulnerabilidad social.
En la información remitida por el Ayuntamiento al Gobierno andaluz, se especifica que el proyecto servirá para “mejorar la eficiencia energética de los centros de educación para reducir su consumo y mejorar su confort térmico; desarrollar una comunidad energética municipal para la gestión de la energía generada y la lucha contra la pobreza energética y crear comunidades energéticas en cada uno de los barrios de la ciudad, priorizando los seis más vulnerables”. En estas zonas, entre las quince más desfavorecidas de España, viven 140.000 personas, recuerda el Ayuntamiento.
La ejecución de este proyecto está valorada en algo más de 64 millones de euros y se desarrollaría entre 2021 (30 millones de euros) y 2022 (34,2 millones de euros). Contribuiría a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, en concreto, 7.146 toneladas menos, y luchar contra la pobreza energética de esas 2.000 familias vulnerables.
La inversión realizada tendría un impacto en el PIB de Andalucía de un 0,04% y la creación de 1.030 empleos. En caso de lograr los fondos europeos, el presupuesto se destinaría a la instalación de placas fotovoltaicas, de baterías y acumuladores de almacenamiento en edificios municipales; al aislamiento, iluminación y climatización de los centros de educación; y a la puesta en marcha de una oficina de información para impulsar la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de edificios residenciales privados. Los proyectos financiados con fondos europeos para la recuperación tienen un plazo de ejecución de seis años.
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