El proceso de regularización de viviendas ilegales que ha iniciado la Consejería de Fomento dará facilidades a los propietarios, pero no estamos ante una “amnistía general”. Eso lleva a que habrá casos en los que sea posible una solución y otros en los que no y, en última instancia, habrá que demoler la construcción.
El aviso lo hacía este martes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que daba los detalles para una operación en la que se analizará la situación de las 300.000 viviendas que, se calcula, están en esta situación. “Lo que se pueda arreglar se arreglará, lo que sea imposible, no”, apostilló, poniendo el ejemplo de que si un inmueble está en el cauce de un río se darán dos o tres años de plazo, pero al final “habrá que demoler”.
Con la operación que ha puesto en marcha Fomento lo que se busca, de partida, es ampliar el número de viviendas irregulares que pueden acceder a servicios básicos. Esto, se apostilla, es para evitar problemas medioambientales, lo que se convierte en una puerta para acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, además de que se permitirá “un régimen de obras acorde a la situación” del inmueble.
Facilidades legales
Todo lo anterior será posible porque se van a dar facilidades para que los propietarios puedan acogerse a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). Esto supone la admición de una situación de ilegalidad, aunque a la vez se permite mejorar unas condiciones de habitabilidad que en ocasiones son penosas. La opción del AFO se permitirá además en casos no contemplados anteriormente, como en los asentamientos en suelo no urbanizable.
Asimismo, se va a utilizar la figura urbanística del plan especial autónomo, no dependiente de los planes generales. Éstos tienen una tramitación mucho más compleja y que se prolonga en el tiempo.
No es la primera vez que se acomete un proceso de estas características, y ya han sido miles las viviendas regularizadas en los últimos años. ¿No puede transmitir eso una cierta sensación de impunidad? No según Bendodo, ya que “ni mucho menos será una regularización global” y además se potenciarán los servicios de inspección y sanción una vez terminado este proceso, “no queremos que se construya ninguna vivienda irregular más”.
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