Actualizado: 17:32 CET
Viernes, 07/08/2020

Andalucía

Acelerón para regularizar 300.000 viviendas ilegales

La Consejería de Fomento trabaja en un decreto ley para permitir la adecuación de estas construcciones repartidas por toda Andalucía

  • Pintada reivindicativa de la Asociación Abusos Urbanísticos en Andalucía No (AUAN).
  • Se permitirá el acceso a la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO)
  • Los propietarios tendrán acceso a servicios como agua, luz y saneamiento
  • La Junta promete más controles y sanciones tras normalizar la situación

En Andalucía hay 300.000 viviendas que están en situación irregular, urbanizaciones enteras que están repartidas por todas las provincias. La alegalidad en la que están estas construcciones viene arrastrándose desde hace años, lo que ya llevó a la Consejería de Fomento a anunciar que iba a aprobar medidas que faciliten la regularización de estos inmuebles. Los primeros pasos ya se han dado, así que el objetivo ahora darle un acelerón a la vez que se anuncian inspecciones y controles para que, una vez normalizada la cuestión, no se den nuevos casos.

Para ello, se trabaja en un decreto ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares, lo que supondrá la derogación de las dos leyes y dos decretos que están vigentes ahora. Pero como la elaboración de un texto legal de estas características lleva su tiempo, mientras tanto se van a ir poniendo en marcha otras medidas para darle velocidad a un problema que parece endémico del urbanismo andaluz.

Para agilizar todo el proceso, lo primero que se va a hacer es validar una instrucción para que más viviendas irregulares puedan beneficiarse de la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). El objetivo es, en palabras de la propia consejera, Marifrán Carazo (PP), conseguir “sin tantas cortapisas como hasta ahora” esta posibilidad, que permite a los propietarios el acceso al registro de la propiedad, a obras de consolidación y mantenimiento y a servicios básicos como agua, luz y saneamiento.

El argumento principal para abrir la mano es “resolver o minimizar” los problemas ambientales que generan estos inmuebles al carecer de estos servicios básicos. En este sentido, se insiste en que el reconocimiento como AFO supone la admisión de una situación de ilegalidad, aunque a la vez se le abre la puerta a los propietarios para contar con condiciones de habitabilidad.

Así que, mientras la vía del decreto ley sigue su curso, se van a ir dictando con carácter inmediato normas secundarias que permitan desatascar el problema. Para ello, por ejemplo, se va a dictar una instrucción sobre AFO en suelo urbano y urbanizable.

Planes especiales


Asimismo, se va a utilizar la figura urbanística del plan especial autónomo, no dependiente de los planes generales. Éstos tienen una tramitación mucho más compleja y que se prolonga en el tiempo, mientras que el plan especial, se resalta desde Fomento, “permite soluciones  de conjunto para los asentamientos”, así como la adopción de medidas para mejorar la calidad ambiental de estos grupos de viviendas. El coste de estas medidas, se subraya, será siempre con cargo a los propietarios.

Otra cuestión en la que se quiere poner el acento es en que, una vez que entre en vigor el nuevo decreto, se potenciará la actuación inspectora y sancionadora para evitar que se produzcan nuevas actuaciones irregulares.

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