La actualización de las tasas de agua y alcantarillado público -en base al contrato suscrito en 2013 con Aquajerez- fue rechazada este jueves por el Pleno municipal por tercer año consecutivo ya que únicamente contó con el respaldo del grupo socialista. La posición adoptada por PP, Ganemos, Ciudadanos e IU evitará de este modo que el precio del agua que abona el usuario se revise al IPC, pero tendrá consecuencias negativas para las arcas municipales, toda vez que la concesionaria podrá reclamar judicialmente el pago de las cantidades que deje de percibir como consecuencia de esta congelación.
No en vano, el Ayuntamiento ha debido abonar meses atrás 341.000 euros correspondientes al desfase que se produjo en 2017 dado que entonces tampoco no se aplicó la subida del IPC. La previsión es que la empresa reclame al Consistorio del orden de 707.000 euros correspondientes al presente ejercicio por idéntico motivo, ya que presumiblemente los juzgados terminen dándole la razón. A estas cantidades deberá sumarse la que se estime a lo largo de este próximo año.
El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, advirtió a los grupos de la oposición que este año ya fue necesario “indemnizar a la concesionaria”, siendo intención del Gobierno local “evitar” que se de una circunstancia similar en un futuro. Galván recordó que esta actualización del precio del agua está contemplada en “el contrato firmado por el anterior Gobierno del PP”, a quien acusó de padecer “amnesia”.
Incluso, la alcaldesa, Mamen Sánchez, cedió la palabra antes de la votación al interventor municipal, Juan Raya, que advirtió de las “posibles consecuencias legales” que puede acarrear la decisión del Pleno de no revisar el precio del agua. “No se puede descartar la exigencia de responsabilidad a personalidades públicas por un incumplimiento contractual”, apostilló, algo que según dijo aclaró “por lealtad” a la Corporación municipal.
El caso es que estas advertencias no modificaron el sentido del voto de ninguno de los grupos políticos de la oposición. El PP se abstuvo cuando tocó votar esa actualización del IPC del precio del agua, pero votó en contra de la subida del precio en alta que viene dictada desde el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, un órgano que controla el PSOE. Ganemos, Ciudadanos e IU votaron en contra de cualquier subida.
El concejal del PP Jaime Espinar justificó la negativa de este grupo a revisar el precio del agua en alta en el hecho de que este incremento de la tarifa “no va a redundar en mejoras para los vecinos, porque no se contemplan inversiones, sino en incrementar los gastos en sueldos de personas colocadas por el PSOE”.
Kika González, de Ganemos, cuestionó que el pliego de condiciones que regula la concesión de la gestión del ciclo integral del agua obligue a actualizar el precio anualmente en base al IPC, ya que a su juicio se habla “de permisividad, pero no de obligatoriedad”. De hecho, recordó que una de las cláusulas del pliego contempla que esa subida se produzca siempre y cuando se aprecie “un desequilibrio económico financiero del contrato” que a su juicio “no está argumentado”.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, criticó que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana incremente la tarifa para hacer frente básicamente a un aumento de sus gastos de personal, lamentó que el PP “hipotecara” el futuro de la ciudad cuando firmó la concesión con Aquajerez y también que ahora rechace esta subida del precio “sin ofrecer una alternativa a cambio”.
Por último, el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, demandó un informe económico de costes que justifique realmente el “desequilibrio financiero” que justificaría la revisión anual del precio del agua y cuestionó que el PSOE haya tenido en algún momento la intención de “revertir” la situación que se generó cuando el PP optó por la concesión administrativa de la gestión de este servicio público.
Con la actualización de tasas que se abordó en Pleno, la subida para una vivienda normal (con un consumo de 30 metros cúbicos cada dos meses) hubiera supuesto alrededor de 1,01 euros al mes. A pesar de ello, el agua en Jerez seguiría siendo un 1,42 por ciento más barata que en Sevilla y un 24,46 por ciento más económica que en la ciudad de Cádiz.En el caso del agua que se suministra para uso comercial e industrial, la actualización supondría una subida para un comercio o industria de tamaño medio de 1,26 euros al mes, quedando los precios un 9,73 por ciento por debajo de lo que se paga en Sevilla y un 12,07 por ciento más barato que en Cádiz.
Bomberos para la zona rural
El Pleno respaldó una proposición de Ciudadanos para instar al Consorcio de Bomberos a iniciar las actuaciones necesarias encaminadas a la puesta en marcha de un parque retén de bomberos en la zona rural, más concretamente en La Barca de la Florida, con el objetivo de garantizar la asistencia a los vecinos de los núcleos de población más próximos.
En el transcurso de la sesión también salió adelante una proposición presentada por Ganemos Jerez para que el Ayuntamiento inste a los grupos con representación en el Congreso a no apoyar la propuesta de aplicar con carácter retroactivo la cláusula del vencimiento anticipado del actual proyecto de ley de créditos hipotecarios.
Los grupos respaldaron igualmente una proposición de IU para instar al Gobierno central a que adopte las medidas necesarias para garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano con el objetivo de cumplir lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países miembros de la UE. También se aprobó otra iniciativa de este grupo político para instar al Gobierno a que se apruebe una ley que reconozca “el derecho a la autodeterminación, la libertad y la dignidad en el final de la vida”, despenalizando la eutanasia o el “suicidio asistido”.
“Denuncien a Díaz si creen que hay delito”
La controversia suscitada por la utilización con fines particulares de un vehículo municipal por parte del teniente de alcaldesa José Antonio Díaz acaparó el último tramo de la sesión plenaria de ayer.
El PP había solicitado una comparecencia de la alcaldesa, Mamen Sánchez, para que se pronunciara sobre este particular. Sin embargo, la regidora cedió la palabra al propio José Antonio Díaz, que mantuvo un agrio enfrentamiento con el concejal del PP Jaime Espinar.
Finalmente, tanto Díaz como Mamen Sánchez instaron al PP a acudir a la vía judicial para zanjar esta cuestión. “Si creen que ha cometido un delito, vayan al juzgado. Tiempo están tardando”, sentenció la regidora.
Apenas unos minutos antes, Díaz también había hecho esta invitación a los concejales del PP. El teniente de alcaldesa aseguró en su intervención que los miembros del Gobierno local “no utilizan los vehículos públicos para uso privado” y recordó que su coche particular fue objeto de reiteradas acciones vandálicas años atrás. “Lo rociaron con ácido, le partieron los cristales y le pincharon las ruedas hasta en ocho ocasiones”, aseveró.
Díaz negó que realizara “ningún uso indebido” del vehículo público y que existieron “causas sobrevenidas” que así lo aconsejaron en un momento determinado, cuando llevó a sus hijos al colegio porque le “cogía de paso”.
El teniente de alcaldesa aprovechó la ocasión para cargar contra quienes desarrollaron “prácticas mafiosas vigilando y grabando” su “casa particular”, así como el colegio y a sus propios hijos. “Me parece una sucia práctica mafiosa esa de grabar a unos niños y difundir esas imágenes y ser cómplices y voceros de las mismas”, denunció.
En este sentido, avanzó que ha interpuesto “una demanda” para “proteger la intimidad y la imagen de dos menores”, que se ha difundido “de manera incorrecta”. Por otra parte, José Antonio Díaz aseguró que en el pasado los miembros del anterior Ejecutivo local también utilizaron “infinidad de vehículos” municipales y advirtió de que después de este episodio “el botón de destrucción masiva está ya activado”.
Para Jaime Espinar, el testimonio de José Antonio Díaz deja claro que “hay un hecho objetivo”, que no es otro que el teniente de alcaldesa “ha utilizado un medio público para un uso particular”. Al mismo tiempo, ironizó utilizando la explicación ofrecida minutos antes por el propio Díaz. “Dice que utilizó el coche para fines particulares porque le cogía de camino, pues hubiera recogido al resto de los niños y los hubiera llevado también al colegio, porque tanto el vehículo como al empleado municipal le pagamos todos”.
Además, le afeó que asegurase que volvería a hacer lo mismo en una situación parecida. “Eso se lo cuenta a todas las personas que hacen malabarismos para llevar a sus hijos al colegio llueva o ventee”, añadió. Por último, calificó de “bastante grave” lo ocurrido porque a su juicio “se podría hablar incluso de malversación de fondos públicos, ya que se han empleado medios y personal público”. Espinar no aclaró en cualquier caso si el PP llevará el caso a los tribunales, tal y como le pidieron Sánchez y Díaz.
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