Lo peor está por venir. Es lo que piensan las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, que presta la empresa Multiservicios Jabalcuz en la capital y que atiende a más de 400 enfermos dependientes. La presidenta del comité de empresa de las 200 trabajadoras, María del Carmen García, muestra su preocupación por el futuro inminente de los usuarios y por el de las compañeras. “El verdadero problema aún no ha reventado del todo”, advierte.
La Junta de Andalucía ha realizado los pagos correspondientes al pasado año al Ayuntamiento, que no ha terminado de transferir todo el dinero, según ha lamentado en varias ocasiones el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén Miguel Ángel Cazalilla. En concreto se refiere a dos ingresos hechos al Ayuntamiento, uno en el mes de agosto y otro en diciembre, que no terminaron en la cuenta de la empresa que presta el servicio. Sin embargo, independientemente de la deuda que el Ayuntamiento acumula con Multiservicios Jabalcuz, cercana al millón y medio de euros, la preocupación es que el empresario no tiene ahora a quien facturar el servicio. Según explica Miguel Ángel Cazalilla, el Ayuntamiento ha manifestado que no aceptará ninguna factura posterior al 3 de diciembre, fecha en la que hizo efectiva su renuncia al servicio. Tampoco puede facturar a la Junta de Andalucía ya que la Ley es clara al respecto y son los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes quienes deben prestar el servicio, como ya dejó claro la Fiscalía de Jaén en un informe cuando estalló el conflicto. Por tanto, Multiservicios Jabalcuz tampoco tiene a quien facturar el mes de enero y febrero (los pagos de la Junta a los ayuntamientos son bimensuales).
Mientras tanto, desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía rehusan hacer declaraciones al respecto y ni siquiera confirman que la Junta de Andalucía presentara un contencioso administrativo el pasado 3 de enero contra la decisión del Ayuntamiento de Jaén. Así las cosas, la presidenta del comité de empresa, María del Carmen García, espera que la solución llegue pronto y reitera que se encuentran en un “limbo” legal en el que las dos administraciones implicadas no llegan a un acuerdo.
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