El Banco de España indica que deben iniciar un proceso administrativo de responsabilidad patrimonial, acogiéndose a un Real Decreto de 1993. Miembros de esta asociación se han reunido este martes con el alcalde, Alejandro Sánchez, quien ha puesto en manos del departamento jurídico el inicio de esta demanda.
El presidente de la asociación y algunos directivos, por el motivo aludido, se han reunido con el alcalde y consideran que no se cierran puertas, sino que se les indica cómo deben actuar. Así, el Banco de España comunica que para reclamar lo que dejaron de percibir por el cambio fijo impuesto por el Estado, cifrado en unos 243 millones de euros, deberían acogerse al Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, para iniciar un procedimiento administrativo por responsabilidad patrimonial.
El Ayuntamiento, tal y como ocurrió con el envío de las cartas al Banco de España, ha puesto a disposición de Alpeg los medios de los que disponen y así, el alcalde, ha anunciado que habrá una reunión con los letrados municipales para diseñar cómo actuar en dicha reclamación. Cuando se tenga diseñada, se informará a los 5.000 afectados en una asamblea.
Aunque 5.000 es la cifra actual de pensionistas, entre los años 1943 y 1969 trabajaron en Gibraltar unas 12.000 personas que tendrían derecho a la compensación que se reclama, a través de sus herederos.
Manuel García Bado y Alejandro Sánchez están convencidos de que, al igual que con la revalorización de las pensiones, al final les darán la razón, pues consideran que estos pensionistas fueron víctimas de la mayor estafa realizada a La Línea, cuando el cambio de divisia de los trabajadores españoles en el Peñón era a una cantidad menor que la existente en el cambio oficial.
Recordar que a finales de 2010 miles de pensionistas reclamaron al Banco de España, de manera individual pero masiva, que les compensaran por haber sufrido la reducción en más del cincuenta por ciento de sus sueldos, debido al cambio de moneda impuesto por el gobierno de Franco, un cambio que explicaron era ficticio, ganando el Estado dinero a costa de estos trabajadores.
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