Las desafortunadas declaraciones en rueda de prensa del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que aseguró que el Servicio de Información del Instituto Armado trabaja para “minimizar el clima contrario al Gobierno” ha provocado un profundo malestar en un cuerpo que se sentía desprotegido y, a partir de su intervención, estigmatizado.
“Hemos pedido su destitución sean sus declaraciones por un lapsus, (como ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska) o por cualquier otro motivo”, sentencia Rafael Sánchez, secretario provincial de Justicia Guardia Civil (Jucil). “Sus palabras están totalmente fuera de lugar porque nos debemos a la neutralidad política, la Constitución, las leyes y el Código Penal”, agrega, y lamenta que ha recibido mensajes de vecinos y conocidos alarmados, que no dan crédito, preguntando si eso que había dicho es verdad. “Nos han señalado”, afirma.
El máximo representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz (AUGC), José Encinas, se contenta, sin embargo, con una rectificación pero exige a la directora general de la Benemérita, la sanluqueña María Gámez, que dé la cara porque, denuncia, “ha estado desaparecida desde que tomara posesión de su cargo a finales del mes de enero”, y deje claro a la opinión pública que nuestra función es cumplir con el Estado de Derecho. O está superada por las circunstancias o no está preparada o el Gobierno la ha apartado.
En cualquier caso, falta interlocución con el Ministerio del Interior, asegura Encinas, y reitera la necesidad de que se clasifique como grupo de riesgo a los integrantes de los cuerpos de seguridad, de manera que tengan acceso prioritario a los test de detección, al material preventivo y a la desinfección adecuada de dependencias y vehículos “para cumplir adecuadamente con nuestra protección a la sociedad y, al aislar a los contagiados asintomáticos, no convertirnos en transmisores del coronavirus”.
Además, añade, el reconocimiento de grupo de riesgo facilita la declaración de defunción en acto de servicio de los policías y guardias civiles en activo fallecidos por contagio. “Trabajamos con inseguridad y con miedo”, añade Sánchez.
En la provincia hay cinco agentes contagiados actualmente y al menos medio centenar en cuarentena de manera preventiva. En La Barca, con diez efectivos más el sargento, un positivo mandó a casa a ocho del destacamento. Así que, además de con los errores políticos, también hay que lidiar con la falta de recursos humanos suficientes para cumplir con las tareas encomendadas.
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