El juicio por el caso del Pinar de Coig, que sentaba en el banquillo al exalcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz, y a su exconcejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, (ambos de Independientes Portuenses), por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, ha quedado este lunes visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal cuatro de Cádiz tras prestar declaración el que fue concejal de Urbanismo, Pedro Alamillos, que en principio también estaba imputado en la causa.
Según ha detallado Enrique Bartolomé, abogado de Ecologistas en Acción, organización que denunció los hechos ante la Fiscalía en 2005 y que ejerce como acusación particular, ellos han solicitado rebajar a cuatro años la pena de prisión inicial de cinco, para ambos acusados, porque hay "un concurso de delitos entre lo que es la prevaricación continuada y un delito contra el medio ambiente en zona de especial protección", así como una multa diaria de 300 euros durante 24 meses. La diferencia, según precisa Bartolomé, es que en el caso de Rodríguez existe un delito de prevaricación "activo", como consecuencia de los escritos que remitió "con su firma" para autorizar la luz a los vecinos de Pinar de Coig.
En este sentido, ha explicado que la Fiscalía esgrimió ayer una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz contra la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Chipiona, "que llegó a conformidad de una condena por los mismos hechos", tras facilitar luz a casas ilegales bajo la premisa de que se afrontaba así un problema de salubridad e higiene. "Nosotros hemos defendido que esos escritos de Juan Carlos Rodríguez tienen efecto de resolución administrativa, porque entendemos que como concejal de Urbanismo se dirige a Endesa con eficacia para que les diese luz", indica el letrado, que considera estos escritos "como oficiales".
En el caso de Hernán Díaz, al no haber firmado ningún documento, estaría presuntamente prevaricando "por omisión", pero existe el problema de que con el Código Penal actual "en la mano", no se puede argumentar "porque son delitos que ya no aparecen como tal tras la reforma del Código Penal y hay que encajar tantas connotaciones ahora que se está escapando mucha gente, porque ahora no se prevé cárcel para la comisión de delito por omisión". El abogado de la defensa se aferró a esta sentencia de la Audiencia Provincial que podría favorecer al exalcalde portuense.
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo, Pedro Alamillos, que declaró ayer en el juicio, aseguró que ambos "tenían pleno conocimiento de lo que ocurría en Pinar de Coig, porque era una de las zonas más conflictivas en la ciudad urbanísticamente hablando, y se lo hizo saber a la delegación de Urbanismo".
La Fiscalía, por su parte, mantiene su acusación inicial en la que pide para ambos dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras la defensa pidió la absolución para ambos.
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