La cruzada de la empresa Castillo contra el tranvía ha conseguido hacerse un hueco en la historia municipal de esta ciudad. Su incursión en la vida política coincide siempre en época electoral. Ocurrió en las municipales de 2011. Entonces la concesionaria del transporte público de la capital acudía a los tribunales para denunciar una supuesta “competencia desleal”. El motivo: la pérdida considerable de viajeros desde que se iniciaran las pruebas en blanco. Siete años más tarde, Castillo vuelve a los tribunales. En esta ocasión arguye el carácter metropolitano del sistema tranviario por entender que perjudica sus legítimos intereses como empresa concesionaria de los autobuses. A partir de ahora y a los hechos me remito, cualquier decisión que tenga que ver con el transporte público habrá que contar con su dictamen. Ya ven señores munícipes, mejor consultar vaya a ser que la decisión que tomen no sea del agrado de la empresa concesionaria y sean los tribunales los encargados de dilucidar el eterno “affaire” que mantiene con la Junta de Andalucía. En cualquier caso, la cruzada de Castillo evidencia su lucha por conservar en exclusividad su control sobre el transporte público de Jaén. La concesionaria no ostenta el bastón municipal, pero en la sombra parece tener más poder del que uno se imagina. No sabemos bien si ese poder es compartido, usurpado o simplemente es el brazo ejecutor de aquellas voces que en nombre de un supuesto clamor popular consideran que el tranvía no tiene razón de ser en la capital. Las mismas voces, por cierto, que nunca se han cuestionado el servicio público que ofrece la concesionaria y le han permitido hacer y deshacer a su libre albedrío y no sabemos bien a cambio de qué. El “folletín” sigue pues más vivo que nunca para regocijo de unos y el pesar de otros. Es la historia interminable de una ciudad y un sistema tranviario al que se le pueden cuestionar muchas cosas, entre ellas el trazado, pero quizás no sea de recibo enterrar 120 millones de euros por capricho o por intereses ajenos a los usuarios del transporte público de la capital. Son ellos los que en definitiva tendrían que hablar, eternos sufridores de un servicio mediocre que recibe de las arcas municipales una subvención de un millón de euros para engrosar sus cuentas, a propósito, opacas.
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