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Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción mantiene las peticiones de pena para los acusados por el caso 'Saqueo I'

Tres ex ediles de Marbella, entre ellos Tomás Reñones, ingresan en prisión

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  • Pide ocho años de cárcel por malversación de fondos para cada uno de los imputados

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer la petición de penas de entre ocho y diez años de prisión para los seis acusados por el caso 'Saqueo' cuyo juicio se celebra ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y modificó la demanda a los supuestos responsables civiles en algo menos de medio millón de euros de los 36 que pidió inicialmente.


Durante la décima sesión del juicio, la fiscal Belén Suárez confirmó su petición de ocho años de cárcel por malversación de fondos para cada uno de los imputados en el caso, también conocido como el de las facturas falsas, Juan Antonio Roca, Eduardo Gonzálvez, José Luis Sierra, Manuel Jorge Castel, Purificación Notario y Francisco Javier Herrera, y otros dos por el delito de falsedad documental para cada uno de los cuatro primeros.

  
Con respecto a los responsables civiles, herederos de Gregorio Jesús Gil, herederos de José Luis Jiménez, Promociones Futbolísticas S.A. y Rancho Valdeolivas S.A., la fiscal modificó, en virtud de las declaraciones realizadas ayer por los peritos de la Agencia Tributaria y la duplicidad de un documento, su petición. Así, demandó que se aminore en 69 millones de pesetas ( 414.000 euros) la petición inicial de más de 36 millones de euros.

  
Por su parte, la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Marbella- retiró la acusación por responsabilidad penal a los imputados Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera y a Purificación Notario, viuda de José Luis Jiménez, que también estuvo imputado, y supuesta titular de una de las cuentas bancarias en las que se ingresó dinero procedente de las arcas del Ayuntamiento.

  
En sus conclusiones, el abogado de Juan Antonio Roca, Emilio Fernandez Hermosa, pidió la absolución para su defendido pero subsidiariamente demandó que en caso de ser condenado, la pena sea de un año de prisión e inhabilitación de dos años y seis meses por el delito continuado de malversación de capitales y de seis meses de cárcel y multa de 360 euros, a razón de dos euros diarios durante seis meses, por el de falsedad documental.


En su intervención la defensa de Roca reiteró las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio y añadió a la de vulneración del derecho de defensa la de vulneración del derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la misma. Además, demandó la nulidad de la prueba pericial de la Agencia Tributaria ya que considera que ésta carece de imparcialidad.


Por su parte, el acusado José Luis Sierra, que ejerce su propia defensa, solicitó su absolución y dejó patente la "sensación de dolor" de quien "ha arriesgado su vida y la de su familia" para denunciar la malversación de fondos públicos cometida en el consistorio marbellí y ha resultado después imputado. El resto de las defensas también reclamó la absolución para sus representados.


El juicio fue suspendido ayer por la mañana y se reanudará hoy a las 15.30 horas con la presentación de los informes de la Fiscalía y la acusación particular mientras que los de las defensas se leerán el próximo jueves, 27 de noviembre.

 

Tomás Reñones ingresa en prisión

 

Los ex ediles del GIL de Marbella (Málaga) Tomás Reñones, Alberto García y José Luis Troyano ingresaron el miércoles de forma voluntaria en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena por delito urbanístico por una de las causas incluida en el acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

 

El ingreso en prisión se produjo tras recibir la sentencia firme que los condena por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S.L. entre 1998 y 1999.

 

Los tres ex concejales, pertenecientes a la corporación 1999-2003 del Consistorio marbellí, entraron por la tarde sobre las 19.00 horas, según confirmaron fuentes penitenciarias a Europa Press.

 

Fuentes del caso precisaron a Europa Press que, por el momento, la única condena incluida en el pacto, que supone cumplir pena de prisión, que tienen los concejales de esta corporación marbellí sería la referente a dichas licencias, puesto que “las anteriores eran penas de multa o se permitía la sustitución de condena”. Por esta causa, los tres ex ediles ahora en prisión fueron condenados a nueve meses de cárcel.

 

Por este caso, también fueron condenados de conformidad pero a un año de cárcel el ex alcalde Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá, que se encuentran en tercer grado penitenciario; Manuel Calle, que está en libertad condicional; Dolores Zurdo y Mario Jiménez.

 

Asimismo, se conformaron con una pena de nueve meses de prisión Francisco Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, que habría ingresado en prisión hace unos días por no hacer frente a la multa impuesta en otra causa urbanística juzgada en Penal 6 de Málaga, en la que se dio la alternativa de cambiar la pena de prisión.

 

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga acogió a finales de septiembre el juicio contra Muñoz y cinco ex ediles, mientras que la vista oral contra otros cuatro se celebró el pasado mes de octubre. En todos los casos se conformaron con la pena solicitada por el fiscal, dentro de la línea del acuerdo global alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles sólo para casos de licencias urbanísticas.

 

En este caso, según el escrito del fiscal, la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental e integrada por González, Jiménez, Calle, Alcalá y Zurdo aprobó el 6 de noviembre de 1998 la concesión de la licencia al proyecto básico de la primera fase de una promoción para edificar 100 viviendas en Nueva Andalucía. El 29 de enero del 99, los mismos aprobaron el proyecto de ejecución.

 

Asimismo, según relata la acusación pública, en comisión de 16 de julio de 1999, integrada por Muñoz, González, Alcalá, Troyano, Fernández Garrosa, Reñones, García y Lendínez, acordó dar licencia al proyecto básico y al de ejecución de la segunda fase, que autorizaba 90 viviendas. El 15 de octubre de 1999, éstos otorgaron la licencia al proyecto básico y al de ejecución de una tercera fase, con 60 viviendas.

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