Textualmente, esta es la propuesta de acuerdo que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando López Gil, ha elevado para su debate en el Pleno municipal. Con la misma persigue que el Gobierno de PA y PP no cometa una “grave injusticia” con el centenar de familias de La Casería Norte que se encuentran afectadas por la drástica medida iniciada por el Bipartito. “El citado procedimiento debe ser calificado como injusto -denuncia López Gil-, ya que la presencia de los 50.000 metros cuadrados de los que son propietarios estos vecinos no tienen por qué verse involucrados en la operación iniciada por el Bipartito, máxime cuando la inclusión de estos terrenos sólo obedece a la propuesta de un jurista contratado por el Ayuntamiento que fue quien propuso incluir todos los terrenos en la operación, incluso los no sectorizados. Y precisamente esos 50.000 metros cuadrados tienen esta consideración desde 1992”.
Recuerda el edil del PSOE que la actuación municipal sobre esa zona pone “entre la espada y la pared” a estos pequeños propietarios “aplicando el rodillo urbanístico sin contemplar las situaciones familiares de tantas familias”. No entiende como De Bernardo y Pedemonte quieren usar una fórmula expropiatoria de forma coactiva con este centenar de familias, cuando lo que pretenden es poner los terrenos en carga, tal y como dispone la Ley Orgánica de Urbanismo de Andalucía, y no para especular con ellos.
Por ello, López Gil ha llevado hasta el Pleno de la Corporación una propuesta “que no permite ambages, ni dobles lecturas, ni amenazas veladas. Nuestra moción es muy clara. Queremos que el Bipartito no expropie a quienes decidan libremente no acogerse la convenio de la Gerencia de Urbanismo, un convenio que, por otro lado, es impreciso con el futuro de muchas de estas familias”.
El PSOE pretende que el alcalde haga efectivas sus declaraciones públicas de 10 de abril de 2007 cuando aseguraba que "llegados a ese punto existe la posibilidad de negociar o expropiar, y nosotros vamos a negociar”. Los socialistas coinciden con los vecinos en la necesidad de alcanzar un convenio con el Ayuntamiento que sea el fruto de esa negociación a la que tantas veces en época preelectoral aludía De Bernardo. “Un convenio justo sería el elaborado por ambas partes y no sólo por el equipo de gobierno que, además, lo entrega a los propietarios y amenaza con la expropiación a quienes no lo acaten. No es la forma de actuar propia de quien debe gobernar por el bien de la ciudadanía. Para negociar de igual a igual, sin chantaje de por medio, debe eliminarse la presión que para los propietarios supone la expropiación. Y para ello o se elimina la reserva de suelo o se aprueba la moción que presentamos los socialistas”, resalta el edil.
La postura del PP
Por ello, resulta “chocante” la postura adoptada por el Partido Popular (PP). Concretamente la ahora delegada de Urbanismo, María del Carmen Pedemonte, y el delegado de Planeamiento, Pascual Junquera, se han comprometido públicamente en reiteradas ocasiones a no expropiar a los propietarios al considerar que la citada medida ni tiene sentido ni es necesaria para ejecutar el proyecto.
“Queremos recordar a la ahora delegada de Urbanismo que cuando ejercía la oposición municipal siempre estuvo en contra de que el Ayuntamiento utilizase su posición de fuerza contra estos pequeños propietarios”, dice López Gil.
Por ello se comprometió a buscar una solución “al problema de incertidumbre” de los propietarios de terrenos colindantes a los Polvorines de Fadricas. Pedemonte llegó a decir ante la prensa el 4 de marzo de 2007 -también en plena precampaña electoral- que era “un gran gesto de irresponsabilidad que el PA acordara con los vecinos una solución y que, de repente, les plante sobre la mesa una expropiación”. E incluso trasladó a las familias afectadas el apoyo del PP a sus reivindicaciones “que no son otras que evitar la expropiación”, finaliza el portavoz del PSOE.
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