Con dos fallecidos y otros 35 ancianos infectados por coronavirus, el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilar (IU), reclamó la presencia de la Infantería de Marina en la localidad en lo más crudo de la pandemia y ante la incapacidad de frenar los contagios. El 21 de marzo una columna de tres vehículos ligeros del Tercio de la Armada, en los que iban a bordo un médico, dos ATS y otros dos sanitarios, y otro vehículo de apoyo para labores de evaluación y auxilio, enfilaba la calle Nueva Jarilla, donde se ubica la residencia de mayores donde se desató el caos, en el marco de la denominada Operación Balmis por la que las Fuerzas Armadas pusieron sus capacidades al servicio de la lucha contra el coronavirus. Una segunda columna de cuatro vehículos efectuaba trabajos de control y desinfección de zonas comunes.
La operación se desarrolló durante el estado de alarma, entre el 15 de marzo y el 20 de junio, movilizó a 1.100 efectivos en Cádiz, y sumó 490 intervenciones en asilos y centros de personas con discapacidad y otras 140 de apoyo a sanitarios y entidades sociales.
“Hemos hecho de todo”, recuerda el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez. “Hemos actuado como agentes de la autoridad, reforzado fronteras, distribuido alimentos, hemos trasladado enfermos y fallecidos”, enumera. En muchos casos, tal y como apunta el responsable de AUME en Andalucía, Juan Carlos Velilla, con equipos de protección individual caducados desde hace años. Todo ello sin que la asunción de nuevas responsabilidades haya estado remunerada. “Estamos al servicio de España”, remarca el portavoz nacional de ATME, pero “somos mano de obra barata” para el Gobierno. Ahora, además, 2.000 soldados desempeñan labores de rastreo en el territorio nacional, 150 en la provincia.
La reivindicación de sueldos dignos no ha tenido su origen en la crisis sanitaria. ATME ha sostenido desde hace años que “no podemos encontrarnos con soldados que, utilizando armamento valorado en millones de euros, cobren escasamente 1.000 euros mensuales netos, agravándose si deben solicitar reducciones de jornada, con descuentos de hasta 300 euros en la nómina, y empeorando en caso de ser familias monoparentales, por tener solo un salario”.
La disponibilidad permanente, los servicios o las horas que exceden la jornada laboral no están retribuidos. Aunque ya deberían estarlo. ATME, cuyos asociados se manifestaron en Madrid el pasado 19 de septiembre, junto a los compañeros de la Asociación de Tropa y Marinería (ATM), señala que la medida número 39 de la aprobadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 27 de septiembre establecía “que se revisarán y mejorarán las retribuciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, en especial de aquellos que integran la escala de Tropa y Marinería profesional, al objeto de dignificar su trabajo y adecuarlas a la importancia de su función y misiones”. También reclama poner fin a la reducción económica que sufre el personal en la reserva al cumplir 63 años.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares (AUME) admite que “la situación del país no es la más adecuada para una subida salarial de golpe”, pero ve asumible por las arcas del Estado un incremento progresivo en tres o cuatro años, con 100 euros más el próximo año, con un coste de 200 millones en los presupuestos.
AUME coincide con los responsables de ATME en que también hay que regular la utilización del Complemento de Dedicación Especial (CDE), que en Ceuta y Melilla y en las comunidades del norte puede alcanzar hasta los 390 euros. “Es un elemento de castigo”, sostienen. En un comunicado del pasado 15 de septiembre lo definen como un “sucedáneo de sanción, fácilmente utilizable, sin procedimiento previo y que raramente puede ser revocado por un juez al basarse en elementos difícilmente valorables”. De hecho, no todos los participantes en la Operación Balmis lo cobraron. Tampoco lo han percibido todos los reservistas de especial disponibilidad (RED).
La falta de reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa no solo se refleja en los emolumentos. AUME ha puesto un servicio de asesoría para aquellos militares que crean cumplir los requisitos para la concesión de la Medalla Conmemorativa de la Operación Balmis y no han sido propuestos.
Jorge Bravo confía en una próxima reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y que “el Gobierno mueva ficha”. Marco Antonio Gómez no descarta nuevas movilizaciones. Entretanto, los hombres y mujeres que visten el uniforme continuarán cumpliendo de forma abnegada con su deber… por menos de 1.000 euros.
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