La delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya, ha subrayado este miércoles que todas las capitales andaluzas han actualizado sus valores catastrales en los últimos cuatro años, con gobiernos de distinto color político. Así, el gobierno recuerda que el coeficiente del IBI regulado en las ordenanzas es el más bajo que ha tenido la ciudad de Sevilla tras las disminuciones de los últimos años.
En este sentido, Gaya ha criticado la “demagogia y la falta de rigor” del portavoz del PP, Beltrán Pérez, y ha subrayado que la presión fiscal para los hogares sevillanos ha descendido en los últimos años con reducciones en impuestos como el IBI, el ICIO o el Impuesto de Plusvalías y la incorporación de nuevas medidas de carácter social como los distintos títulos bonificados de transporte urbano o la tarifa del agua ajustada al nivel de rentas. “Hemos aplicado en todo momento un modelo de política fiscal de carácter social, progresivo y diseñado para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos sin incrementar la presión sobre los hogares y con reducciones cuando ha sido posible. Tanto es así que ni siquiera se aplica el IPC en la mayor parte de las ordenanzas”, explicó Gaya.
La delegada lamentó “el cinismo” del portavoz del PP al descalificar una actualización de los valores catastrales de las viviendas que le corresponde a Sevilla y que aplican este año seis capitales andaluzas, mientras que otras lo han hecho en los años precedentes. “En Cádiz, Granada, Huelva, Córdoba o Jaén se han actualizado los valores catastrales, en algunos casos en varios años consecutivos, con gobiernos de distintos partidos políticos”, apuntó la delegada, quien criticó “la falta de experiencia en la gestión que demuestra Beltrán Pérez en sus declaraciones especialmente en cuanto a la gestión de la hacienda municipal”.
Asimismo, la delegada ha subrayado que la última revisión de los valores catastrales de Sevilla data de 2001 y eso justifica que este año se produzca la actualización tal y como ocurre en miles de municipios. Esta actualización, no obstante, tendrá un impacto en el recibo medio de unos cinco euros anuales. En ese ejercicio 1.100 ciudades españolas han realizado esta actualización tras reunir los requisitos planteados por el Ministerio de Hacienda y tramitar el correspondiente expediente.
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