Así, el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda, que regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para los andaluces, continúa su trámite parlamentario en comisión después de haber superado el debate a la totalidad en el pleno del Parlamento.
La futura norma, de la que el consejero, Juan Espadas, recordó que dará cumplimiento a lo recogido en el Estatuto de Autonomía, prevé que las administraciones públicas (Junta y ayuntamientos) estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o en alquiler, a quienes carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad.
Una vez que en los próximos meses se apruebe esta norma, los ciudadanos andaluces van a tener la posibilidad de reclamar su cumplimiento ante los tribunales de justicia.
Espadas, que destacó que la norma supone un enorme avance en los derechos sociales, recordó que cuenta con el aval del Consejo Consultivo, los agentes económicos y sociales y la FAMP, y sostuvo que está garantizada a través de los planes de vivienda y de la gestión de las ayudas estatales.
La portavoz de vivienda del PP, Alicia Martínez, que aclaró que su partido comparte lo fundamental del objetivo del acceso de los andaluces a una vivienda, justificó la enmienda a la totalidad al texto en que "no garantiza" ese derecho en igualdad de condiciones para todos los andaluces, ni tiene dotación presupuestaria, tampoco aborda la competencia de la Junta en el parque social de viviendas y se "tapa los ojos" ante la realidad del chabolismo.
Destacó que el Gobierno andaluz ha perdido una "oportunidad" de presentar una ley consensuada con el PP, partido mayoritario de la oposición, aunque tendió la mano al Ejecutivo para que en el trámite de enmiendas parciales se pueda alcanzar el acuerdo, sobre todo en lo relativo a la cesión de unas competencias "exclusivas" de la Junta a los municipios.
IU también destaca la ausencia del chabolismo
El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo aseguró que en la ley no se garantiza el derecho a la vivienda, lamentó que en la norma no se ponen en marcha mecanismos de intervención del mercado, y apuntó que su partido esperaba "con mucha ilusión" el texto pero al final hay un proyecto de ley "continuista y que sigue basado en los mismos elementos que nos han llevado al fracaso".
En esta línea, Sánchez Gordillo aseguró que el proyecto no ofrece garantías presupuestarias, ni aborda la problemática de las viviendas vacías, cuando, según apuntó, hay más 633.000 en la Comunidad. "Hay que atajar esta cuestión", añadió el diputado, que consideró que la verdadera solución al problema de la vivienda es la apuesta por el alquiler. "Ni ley no trata esta cuestión ni tampoco el chabolismo, que es una realidad", concluyó.
La ley se dirige a aquellas unidades familiares que ingresan 36.000 euros brutos anuales, tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma (mínima de tres años); no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de inminente creación.
El proyecto de ley hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano, si bien establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.
El Registro Público Municipal de Demandantes, cuya creación será obligatoria para los ayuntamientos, determinará la demanda, el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.
Establece también la elaboración de planes municipales y autonómicos de vivienda, en los que los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el Registro Público Municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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