Andalucía

La Junta incrementará las partidas reservadas a gasto social en los presupuestos

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La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró ayer que, al igual que ocurrió en los presupuestos de 2009, las partidas destinadas a políticas sociales aumentarán durante el próximo año porque en época de crisis se deben reforzar las actuaciones dirigidas a los más vulnerables.

Navarro, quien compareció en sesión plenaria en el Parlamento, aseguró que las políticas sociales serán el eje central de los presupuestos de 2010 al ser una prioridad en la acción de gobierno.

La consejera recordó que el presupuesto de su departamento ha aumentado un 120% en los últimos cinco años, al pasar de 788 millones de euros a más de 1.736, lo que demuestra la apuesta "clara y rotunda" de la Junta por las políticas sociales.

Este aumento de la inversión ha permitido, entre otros aspectos, que se hayan superado las 146.000 prestaciones para personas en situación de dependencia o que se haya quintuplicado en un año la cantidad destinada a los ayuntamientos y diputaciones para el servicio de Ayuda a Domicilio hasta rebasar los 244 millones con una previsión de creación de 11.300 puestos de trabajo.

Además, con esta inversión en gasto social se han reforzado los convenios para el acogimiento residencial de menores o la atención y apoyo a las víctimas de violencia de género y se ha potenciado la prevención y la incorporación social de personas con problemas de drogodependencias, apuntó Navarro.

En los últimos cinco años la Consejería ha incrementado un 84% el presupuesto que destina a las personas con discapacidad y ha aumentado un 33% las aportaciones de la Junta el Plan Concertado de servicios sociales.

Por su parte, la diputada del PP-A María Dolores López denunció una serie de recortes e incumplimientos de la Junta en políticas sociales que le dejan sin credibilidad a la hora de afrontar los retos del próximo año.

Así, aseguró que el plan de Drogodependencias ha sufrido un recorte del 5,11%, el plan contra el Alzheimer está paralizado desde 2007 y la Ley de Inclusión Social, prometida por el gobierno regional desde 2001, no acaba de llegar.

Además, denunció que los comedores sociales están desbordados ante la dureza de la crisis económica y las políticas de igualdad han visto reducidos sus recursos en más de un 13% durante este año.

López también denunció que la cuantía destinada al desarrollo de la Ley de la Dependencia también ha sufrido recortes y ha pasado de otorgar una media de 6.290 euros a personas dependientes a 4.802.

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