El Ejecutivo de Esperanza Aguirre considera que el Real Decreto 1162/2009 vulnera el artículo 149 de la Constitución, que señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
Cree también que el nuevo procedimiento "complica aún más los trámites burocráticos" y "pone las cosas más difíciles" a los extranjeros que quieren venir a trabajar a España.
El tercer motivo que sustenta el recurso es la "vulneración de la jerarquía normativa" en que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno de España al modificar con ese Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería, sin que esté aprobada aún la reforma de dicha ley.
El consejero madrileño de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández Lasquetty, se quejó de que las comunidades autónomas que no tienen esa competencia quedarían "a merced de lo que las otras decidiesen en términos de extranjería" y dijo que le parece "injusto".
"La persona a la que una Comunidad Autónoma le hubiera dado el permiso de trabajo inicial podría irse, más pronto o más tarde, a residir a otra Comunidad Autónoma y ser esa Comunidad, por ejemplo la de Madrid, quien tuviera que hacer frente a la escolarización, la asistencia sanitaria y todo lo que corresponde a las prestaciones a las que tiene derecho cualquier extranjero que resida en España", criticó.
Tras subrayar que Madrid "no quiere esa competencia", Laquetty insistió en que "es el Estado el que debe seguir teniéndola en exclusiva".
El Real Decreto de reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería permite que las comunidades que lo recojan en sus Estatutos de Autonomía puedan conceder los permisos de trabajo para extranjeros, lo que se produce en los casos de Andalucía y Cataluña.
El consejero madrileño se mostró convencido de que dicho Decreto responde "exclusivamente a motivos de equilibrios políticos y parlamentarios del Gobierno de Zapatero", al que acusó de "tomar decisiones con arreglo a conservar el poder en las Cortes y en Cataluña".
Según explicó, el sistema que se crea establece que, ante una solicitud para trabajar en Andalucía o Cataluña, se abrirán dos procesos "paralelos" -uno del Estado para tramitar el permiso de residencia y otro de la Administración autonómica para el permiso de trabajo- que finalmente se resolverán en una única resolución que conceda o deniegue los dos permisos.
Aunque el Decreto contempla ese traspaso competencial para los permisos de trabajo iniciales, Lasquetty dijo temer que los "nacionalistas" supediten su apoyo en el Congreso a la reforma de la Ley de Extranjería a que se amplíe esa potestad a renovaciones, permisos de arraigo y reagrupaciones familiares, entre otros.
El Gobierno de Madrid ha dejado fuera de su recurso las tres disposiciones del Real Decreto que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia de los inmigrantes en paro, cuestión con la que el consejero dijo que está de acuerdo.
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