Una mujer de 49 años ha aceptado una condena de un año de prisión tras declararse culpable de un delito de atentado sobre funcionario público y un delito leve de lesiones contra una doctora del centro de Salud Mental de la Plaza Houston de Huelva capital.
La acusada, al que se impondrá una multa total de 600 euros, ha alcanzado de esta forma acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Colegio Oficial de Médicos de Huelva.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Huelva, consultada por Europa Press y contra la que no cabe recurso, considera como hechos probados que la acusada, sin antecedentes penales, el día 25 de septiembre de 2017 se personó en el centro de Salud Mental de la Plaza Houston en compañía de su hijo para que éste fuera atendido. Así, se le indicó por parte de los empleados y coordinadores del centro que "no podía ser atendido sin el volante de derivación urgente de atención primaria por parte de su médico de cabecera".
En ese momento, "la acusada comenzó a amenazar a todos los empleados, manifestando que si no la atendían de allí no se iba nadie y que no se movería de allí hasta que no atendiesen a su hijo".
Así, en el momento en el que la facultativa se disponía a cerrar su consulta para dirigirse a otras dependencias del centro "fue abordada por la acusada, quien la agarró de las muñecas y la empujó contra la pared, teniendo que actuar un enfermero que estaba próximo y que al presenciar la escena intervino para separarla de la acusada". Además, intentó que ésta cesara en su actitud, "pudiendo en ese momento huir la doctora hasta la zona de admisión para evitar volver ser agredida".
Por su parte, "la acusada siguió gritando, por lo que la profesional sanitaria dio aviso al 091", de manera que en el centro se personó una patrulla, "persistiendo la acusada en su proceder". Como consecuencia de estos hechos, la trabajadora sufrió lesiones, "consistentes en erosiones en ambos antebrazos", para lo que tuvo que ser atendida e incluso necesitó siete días de recuperación. Pese a todo, la afectada renunció a indemnización alguna.
Así las cosas, la autora de estos hechos ha sido condenada a un año de prisión por un delito de atentado sobre funcionario público y una multa de cinco euros diarios durante tres meses (450 euros) y por un delito de lesiones leves a la pena de un mes de multa de cinco euros al día, lo que supone 150 euros.
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