La Junta de Andalucía cumplió este martes la nueva consigna de sofocar cualquier amago de incendio en los frentes sociales más sensibles, el sanitario y el educativo, y aprobó por la vía más urgente, la del decreto-ley, la normativa que a partir de ahora regulará el cauce de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, el que afecta a los alumnos de 0 a 3 años. El marco legal que estrenará en días el BOJA debía ser revisado al vencer el próximo mes de julio el convenio vigente y la Consejería se ha cuidado de limar parte de las asperezas que han sacado a la calle a la patronal de los centros y los padres. Se amplían los plazos de escolarización que en el texto inicial ponía trabas a los niños nacidos a partir de mayo y se incrementa el montante global de las ayudas. Eso sí, el articulado incluye un punto que puede abrir una auténtica guerra entre guarderías.
Con su decreto de medidas urgentes, que debe convalidar el Parlamento en el plazo de tres meses, la Consejería de Educación pretende extender hasta los 110.000 alumnos (12.000 más que ahora) el acceso a un nivel que, insiste, no es ni universal ni gratuito pero que la Junta presta como ingrediente más de su apuesta por cimentar los pilares del Estado del Bienestar frente a políticas restrictivas en otras comunidades. De ese volumen global de plazas, Adelaida de la Calle calcula que la mitad de los niños acudirá a las aulas gratis, 43.000 de ellos por debajo de la barrera de los 2 años.
El Consejo de Gobierno avaló el decreto porque tocaba renovar los convenios con los centros, públicos y también privados, y porque tanto la Cámara de Cuentas como la Intervención de la propia Junta habían reclamado más “transparencia” en los acuerdos. En la actualidad hay 1.610 centros adheridos al sistema, públicos o concertados, pero ahora se abre la puerta a incorporar otros 642, en su mayoría privados. El sistema económico que los regirá es donde puede abrirse la batalla de precios. El nuevo modelo ideado por Educación permite a cada guardería aplicar rebajas de hasta el 15% sobre los primeros 209 euros de los 278,88 euros como máximo que debe abonar una familia por cada alumno. En el resto, los 69,72 euros correspondientes al comedor, no se autoriza el regateo. Eso implica que cada guardería podrá jugar ahora con una banda de precios autorizada a caer hasta los 247,51 euros, abriendo la puerta a una competencia feroz. De la Calle alega que se hace para “favorecer la competitividad sin menoscabar el servicio”, y ahí es donde los centros tendrán que cuadrar el círculo: cómo dar el mismo servicio si van a acabar ingresando menos. La Consejería confía para ello en sus servicios de Inspección, alega que ya hay quien ofrece servicio por esos precios y da por sentado que todos están obligados a cumplir el estándar legal de calidad.
Ayudas más progresivas
El umbral máximo mensual son los mencionados 278,88 euros, pero a partir de ahí habrá alumnos que no paguen nada, quienes paguen todo y quienes queden a medias. Las ayudas serán progresivas, con más tramos: antes había sólo cuatro niveles de bonificaciones y ahora se pasa a nueve. El máximo aliviará en 3.067 euros el coste a los padres. Éstos, además, delegarán ahora en los centros el cobro de las ayudas. Éstos las restarán del precio de partida y cobrarán la diferencia.
Educación movilizará 175 millones para cubrir las ayudas. La partida está cerrada, pero queda por saber si será suficiente para atender a más alumnos sin que haya crecido este año. Es uno de los temores de padres y patronal.
Reforma sin consenso
La Consejería de Educación reconoce que no ha consensuado la reforma de la normativa de Infantil porque el sistema utilizado para sacarla adelante, un decreto-ley de medidas urgentes, no le obligaba a hacerlo. “Hemos informado”, se limitó a reconocer De la Calle. El riesgo ahora para su departamento es que a buena parte de la patronal, además de a los sindicatos, no les convence las novedades.
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