Así lo detalló ayer el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, durante la presentación de la memoria de este órgano correspondiente al pasado ejercicio, en el que a su juicio se produjo una subida "sostenida" en el número de procedimientos penales incoados.
No obstante, García Calderón recordó que la Fiscalía siempre ha considerado que el volumen de actividad judicial "realmente válido para establecer los incrementos de criminalidad" es la denominada "litigiosidad penal real", que se deduce de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal o de los juicios orales abiertos.
Aseguró además que en este índice se aprecia un incremento "espectacular" en la incoación de procedimientos abreviados (8.473 más que en 2007), juicios rápidos (17.461 más) y en las sentencias dictadas de conformidad (12.286 más), que duplican su número respecto al ejercicio anterior.
El fiscal superior de Andalucía atribuyó el alza en los procedimientos abreviados a una "mayor efectividad" de los juzgados de instrucción, y la subida en el número de juicios rápidos a algunas reformas legislativas como la correspondiente a Seguridad Vial.
Otras de las razones que a su juicio han influido en esta subida de la litigiosidad es la mayor actividad de los servicios de guardia a través de los juicios rápidos y la especialización funcional del Ministerio Fiscal, ya que ahora reciben tratamiento judicial específico temas relativos a medio ambiente, siniestralidad laboral o violencia de género que antes no lo tenían.
Málaga fue la provincia andaluza en la que más diligencias previas se incoaron, con 283.152, aunque fueron 970 menos que en 2007; seguida de Sevilla (243.943 y 5.545 menos), Granada (127.730 y 3.882 más), Cádiz (105.282 y 5.691 más), Córdoba (91.720 y 6.997 más), Almería (89.376 y 9.998 más ), Jaén (44.132 y 6.528 más) y Huelva (39.483 y 1.371 menos).
Respecto a los procedimientos abreviados abiertos, Cádiz ocupó el primer puesto con 8.509, seguida de Sevilla (8.116), Málaga (7.408), Granada (4.293), Almería (3.379), Córdoba (2.348), Huelva (2039) y Jaén (2.000).
"El incremento en el número de procedimientos abreviados genera un gran problema en los tribunales de Andalucía; el de la ejecución de las sentencias", aseveró García Calderón, para quien el sistema de enjuiciamiento rápido es "efectivo", ya que emite un gran número de fallos condenatorios, pero provoca que sea "muy difícil" ejecutarlas.
De hecho, manifestó que los órganos de enjuiciamiento unipersonales, especialmente en la jurisdicción penal, sufren un incremento de la carga de trabajo, que produce un problema "grave" que merece "mayor atención" para ser resuelto "con prontitud".
Criminalidad inmobiliaria alarmante
También la Fiscalía ha detectado un afloramiento de la "criminalidad inmobiliaria" como una nueva modalidad delictiva que ha sido constatada con una intensidad "preocupante", según se desprende de la memoria correspondiente al ejercicio 2008.
Este nuevo tipo de delito produce efectos "devastadores" en muchas economías familiares, cuyos miembros efectúan un gran desembolso de dinero para la adquisición de una vivienda y luego no la reciben o descubren un cúmulo de irregularidades que los conducen a un proceso penal como único mecanismo para conseguir restaurar sus derechos.
Jesús García Calderón indicó que la mayoría de estos casos se integran en las cifras globales sobre estafas, por lo que es difícil conocer los números totales.
Por eso, apuntó la necesidad de hallar una fórmula de registro adecuada para distinguir "claramente" estas situaciones "que afectan a bienes de primera necesidad" y que requieren "un tratamiento policial y jurídico penal diferenciado" ya que la investigación actual sólo se produce tras la interposición de denuncias o querellas por parte de los particulares afectados.
García Calderón se refirió también al tráfico de seres humanos como uno de los problemas que tienen una presencia más "inquietante" en la realidad delictiva de la comunidad.
Aunque continúa el descenso de pateras descubiertas en el litoral andaluz, sí se mantienen las tendencias de años anteriores como son el alza en la llegada de inmigrantes subsaharianos y el descenso en la de los magrebíes y la bajada en la cifra de menores extranjeros indocumentados que intentan alcanzar las costas, en un problema que afecta especialmente a las provincias de Almería y Granada.
Pese a este descenso, la Fiscalía apunta como "bastante probable" que se estén produciendo "otras vías de acceso" para la inmigración clandestina, "habida cuenta los enormes beneficios económicos que reporta".
En relación con la justicia juvenil, García Calderón expuso que se mantiene un incremento cualitativo de algunas infracciones "especialmente graves" que buscan la humillación pública de la víctima tras situaciones de acoso en las que se suelen emplear las nuevas tecnologías de comunicación y que implican la presencia de otros menores "como espectadores de la violencia"
Dentro de los casos de violencia doméstica, la Fiscalía señala que persiste la tendencia negativa del mayor número de agresiones producidas por menores o sufridas por mujeres extranjeras en situación irregular y vincula la mayor incidencia de juicios rápidos sobre delitos medioambientales o urbanísticos con la actividad investigadora de los fiscales específicas en estas áreas.
Como ya hiciera en la memoria de 2007, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre los casos de injurias o calumnias vertidas sobre autoridades o funcionarios públicos a consecuencia de conductas o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos.
En estos casos, la acusación pública ha tenido que "proceder de oficio" contra quienes "con temerario desprecio de la verdad, evidente mala fe y dando toda la publicidad posible a su actividad", realizaron manifestaciones públicas o incluso emprendieron acciones legales contra aquellos que actuaban en cumplimiento de su deber.
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