Atropellados despidos en ALGE ciras SA.
Conviene concretar que esta empresa, municipal 100%, cuyo consejo de administración lo preside el Sr Alcalde la localidad, le afecta el Estatuto Básico del empleado Público (EBEP). No es una empresa privada, que puede al criterio insondable de sus propietarios hacer y deshacer con le venga en gana. Esta empresa entre otros asuntos que la llevan de escándalo en escándalo, en estos momentos ha despedido a cuatro trabajadores sin que haya probado en modo alguno que no son buenos trabajadores.
Cuando el despido de una persona se realiza, hay que ser muy consciente del enorme daño que se le causa. La persona trabajadora sólo cuenta casi siempre como único patrimonio su fuerza de trabajo y si este se le arrebata, se le condena; y más en estos tiempos a la más absoluta miseria.
Una empresa pública, municipal para más señas debe ejercer el despido cuando se demuestre palmariamente que el empleado público (todos en Algesa lo son) ha cometido una falta muy grave, que conlleva según convenio y EBEP la sanción de despido. Mientras este no sea el caso no es posible despedir a nadie. La línea de ataque, de la “gerencia” de esta empresa ante la demanda interpuesta por estas personas despedidas, ha sido que se acaban los contratos y no hay obligación de volver a contratar.
La justicia ha sentenciado que los despidos son improcedentes. Es decir no debían haberse producido. Y aquí es donde aparece la figura siniestra del leguleyo de turno, utilizando el artilugio de la norma general, obviando que se encuentra esta empresa en el meollo de la “ética” de las administraciones públicas. Les comunica a estas cuatro personas que la empresa no los va a readmitir. Que con el dinero de los vecinos y vecinas de Algeciras, culminará la venganza y les indemnizaran con una cantidad que oscila los 80.000 euros. Y esta venganza es ejemplarizante porque han sido “díscolos”, porque han creído que se encontraban, estos cuatro trabajadores, en un Estado de Derecho y podían ejercerlos limpia y sencillamente. Y van y reclaman estabilidad en sus puestos de trabajo, después de años de precariedad. ¿Que se encuentran? Con el despido, la lucha feroz en los juzgados y, después de ganada un ¡va a ser que no!. “El maléfico demiurgo toma la palabra: - El juzgado os da la razón pero ¡mis santos ….. no van a permitirlo!, y con el dinero (el poder) del pueblo os dejaremos en la ¡puta calle!. Toda la plantilla formará fila contemplando el escarmiento. ¡A ver quien se me insubordina!, ¡Ah y a propósito dame cuatro nombre de amigos y familiares para reemplazarlos.
Esto se contempla en ocasiones en el ámbito laboral de las empresas privadas, donde quien monta su negocio, cree poder disponer de un plus de arrogancia, y con derecho (equivocadamente) a ejercer cierta chulería. Pero en empresas que son sostenidas por el dinero de todas las personas vecinas de Algeciras esto es intolerable. El imperio de la Ley, con mayúsculas, exige que si un juez ha condenado al ayuntamiento dando la razón de despido improcedente a estas personas empleados públicos, el Sr Alcalde de Algeciras debe acatar la sentencia y readmitirlos, ya que ¿Cómo justificaría el Sr Alcalde gastar 80.000 euros, del dinero de las algecireñas y algecireños, para legitimar el ajuste de cuentas que este asunto conlleva.
¿Aquel pendiente de sentencia, aquel que fue readmitido, aquel que imploraba la clausula del convenio, será el verdugo de estas cuatro personas?. ¿Dejará que se cometa este atropello el Sr Alcalde?
Fdo Rafael Fenoy Rico
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