El alcalde de Marbella, José Bernal, se ha mostrado convencido de que el anterior equipo de gobierno municipal del PP cometió un delito cuando dejó prescribir sanciones urbanísticas superiores a los nueve millones de euros.
Bernal ha manifestado en rueda de prensa que es "injusto que cayera el peso de la ley sobre los más modestos, por ejemplo por hacer una ventana en un piso de una barriada, y se tuviera manga ancha con sociedades sobre las que pesaban multas millonarias".
Ha añadido que la práctica consistía en dejar caducar las sanciones urbanísticas y provocar su prescripción, "con lo que la ciudad dejaba de percibir importantes cantidades y los infractores no pagaban".
También ha calificado de "reprochable" que uno de los beneficiarios de esta práctica sea el empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada.
El alcalde ha anunciado precisamente hoy que se instalará la feria de noche en una parcela propiedad de Olivo, en la fase III de La Cañada, que este ha cedido "sin ningún tipo de contraprestación", a diferencia del pasado año que, según José Bernal, sí costó dinero al ayuntamiento.
Ha recordado que actualmente se revisan 980 expedientes sancionadores para evitar que las multas prescriban.
El alcalde anunció en octubre de 2015 que el equipo de gobierno había detectado numerosos procedimientos sancionadores que finalmente no se firmaron entre 2009 y 2011 por una cuantía que ascendía a los 9.087.387 euros.
La investigación, que continúa abierta, ha detectado que a partir de 2011 se registraron un total de 1.636 procedimientos de infracciones que generaron 985 expedientes sancionadores, pero que no llegaron a tramitarse finalmente.
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