La amenaza del amianto en el Colegio José Calderón, en la barriada malagueña de Campanillas, lleva en las cubiertas y las conducciones de agua desde hace ocho años. Este material altamente cancerígeno pervive en este centro educativo desde su construcción, en el año 1973, y se ha convertido en una auténtica pesadilla para esta comunidad escolar que clama la retirada inmediata de los 2.400 metros cuadrados de esta peligrosa uralita.
Ante la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, los padres de los más de 450 alumnos escolarizados en este colegio volverán a concentrarse en la entrada del Edificio de Usos Múltiples de la Junta de Andalucía, el próximo 17 de mayo.
Así lo anunció ayer la secretaria del Ampa Piedra de la Torre, María de los Ángeles Guzmán. En esta batalla por el futuro de sus vástagos, los padres se reunirán en los próximos días con la concejala del distrito 9, Elvira Maeso, y con la directora del área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, así como con el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, para pedir ayuda ante lo que denominan una “injusticia”.
Estos primeros meses de 2016 están siendo muy reivindicativos. Así las cosas, esta lucha por la salud y el futuro de sus hijos llevó a estos padres a protestar en las puertas del José Calderón hace un mes y medio y a la recogida de un total de 2.111 firmas y casi 150 peticiones individuales pidiendo explicaciones y que les dejen ver “de una vez por todas” el informe que realizó en el año 2015 un perito de la Junta de Andalucía.
“De forma oral sabemos que este técnico indicó la retirada urgente de nuestras cubiertas, porque son peligrosas debido a su lamentable estado de conservación”, afirma esta madre.
Pero sigue la callada por respuesta. Ante el mutismo y el silencio de la Junta, aseguran sentirse “ignorados” y “desamparados”, cuando el Gobierno andaluz destina 107 millones de euros en la creación y ampliación de tres centros escolares en Málaga.
Guzmán destaca la “gran frustración” que sienten todos ante tanta “negligencia y dejadez”, cuando “nuestros hijos e hijas corren peligro de salud pública”.
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