La Junta de Andalucía devolverá en febrero del 2016 a aproximadamente 270.000 funcionarios y empleados públicos el 25 % de la paga extraordinaria suprimida en el 2012, y restituirá el 10 % de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100 % el personal interino y temporal en enero próximo.
Estos compromisos se incluyen en el acuerdo firmado hoy por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con los sindicatos representados en la mesa general de la función pública -UGT, CCOO y CSIF-, que han celebrado el compromiso de la recuperación progresiva de los derechos laborales y sociales perdidos durante la crisis.
No obstante, tras la firma, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha precisado que la recuperación de todos estos derechos a lo largo de esta legislatura estará en función de la disponibilidad presupuestaria.
Ha cifrado en unos 200 millones la dotación presupuestaria para el año 2016 que supondrá devolver el 25 % de la paga extraordinaria de Navidad -el Gobierno ya la abonado al personal dependiente de la administración estatal y de sus empresas públicas-, y del 100 % de la jornada y salarios para el personal interino y personal.
Unos 44.000 trabajadores que forman parte del colectivo de personal funcionario interino y temporal (estatuarios, laborales e indefinidos no fijos) habían tenido una reducción del 10 por ciento de la jornada y el salario durante la crisis y a partir de enero del 2016 volverán al 100 % .
También se ha comprometido la Junta con los sindicatos a no hacer más contrataciones al 75 % de jornada y sueldo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El personal eventual estructural del SAS irá recuperando el 100 % de la jornada y el salario a lo largo de este año, según el compromiso hecho hace varios meses por la presidenta de la Junta.
La consejera ha destacado que con esas medidas "alternativas a las del Gobierno", así como con la supresión del complemento autonómico de las pagas extras del 2013 y del 2104, se han logrado mantener unos 24.000 empleos en la administración andaluza.
Ha precisado que la recuperación de los derechos no afecta a los que están suspendidos por las limitaciones impuestas por la legislación básica del Estado como la ampliación del horario de 35 a 37,5 horas semanales y las tasas de reposición, y ha confiado en que en el 2016 no haya límites en la reposición de personal.
Los representantes sindicales han celebrado este acuerdo por la recuperación del diálogo y sobre todo por el compromiso para restituir los derechos laborales y sociales que se suprimieron durante los años de la crisis económica.
En representación del área pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha expresado su confianza en que se cumpla este acuerdo porque se ha firmado al inicio de la legislatura y ha asegurado que se recuperarán todas las ayudas sociales perdidas en los últimos cinco años.
Antonio Tirado, secretario general de la federación de servicios públicos de UGT-A, ha recordado que los empleados públicos han perdido aproximadamente un 30 % de poder adquisitivo, y ha sostenido que este acuerdo lo tendrán en cuenta el resto de las comunidades y en el Estado el sindicato planteará un pacto similar al andaluz.
El presidente de la CSIF-Andalucía, José Luis Heredia, ha afirmado que este acuerdo es de "justicia" con este colectivo de trabajadores y ha advertido de que estarán vigilantes para que se cumpla lo acordado.
De hecho, este mes se reunirá la mesa general de la función pública en la que se constituirán los grupos de trabajo para concretar los términos del acuerdo y para analizar la ampliación de supuestos de enfermedad que darán lugar a la percepción del 100 % del complemento de incapacidad temporal.
También se le dará prioridad en la negociación a los incentivos a la conciliación de la vida personal y familiar, como puede ser la adaptación de horarios, o la agilización de los concursos de traslados.
El acuerdo también recoge el compromiso de elaborar el anteproyecto de ley del empleo público de Andalucía, que permita desarrollar el estatuto básico del empleado público.
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