Un total de 290 menores tuvieron que recibir tratamiento el pasado año tras comprobarse que habían sido víctimas de abusos sexuales, casi en la mitad de los casos por parte de algún familiar, y de los que el 75 por ciento eran niñas.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha presentado hoy en rueda de prensa el nuevo protocolo para agilizar la atención a estos menores, ha informado de que en total 961 menores fueron derivados el año pasado al programa de evaluación y tratamiento de la Junta.
Entre los que necesitaron tratamiento porque se comprobó que habían sido víctimas de abusos sexuales, un 27 por ciento tenía entre 0 y 6 años; un 36 por ciento entre 7 y 12 años; y un 37 por ciento entre 13 y 18 años; además de que el 5 por ciento de las víctimas presentaba algún tipo de discapacidad.
Sánchez Rubio ha asegurado que estos menores son una prioridad para el Gobierno andaluz y ha resaltado que cuando aumenta el número de víctimas tratadas se debe a una mayor concienciación.
Ha explicado que los agresores suelen ser del entorno familiar y que lo presentan como algo normal, por lo que el menor en situación de vulnerabilidad vive "una situación de confianza y después de miedo".
El objetivo del nuevo protocolo será definir el procedimiento de derivación de estos menores a la Junta, así como concretar las actuaciones y funciones para optimizar el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento que existe.
Ha indicado que muchas veces se producían dificultades de conexión entre instituciones, por lo que se persigue que desde que se detecta (en un centro de salud, un colegio o una escuela infantil por ejemplo) la derivación a Menores y la posterior intervención sea lo más rápida posible, ya que hasta ahora el hecho de tener intermediación "estaba dando problemas para agilizarlo".
La consejera ha detallado que se fijará a los servicios de prevención y apoyo a la familia de todas las provincias como eje central de la coordinación entre administraciones y como responsable de las decisiones adoptadas y de la comunicación a otras instancias.
El servicio, que ofrecerá intervención integral dirigida a los menores y a su familia, tiene una finalidad asistencial y no judicial, aunque de forma paralela, sus resultados sirven como base para apoyar las denuncias correspondientes.
Sánchez Rubio ha informado de que se trabajará con una ficha única de derivación y, con carácter general, se evaluará y tratará a menores a partir de los 3 años, así como a mayores que fueran menores cuando recibieron los abusos.
La intervención en estos casos es "integral", con un primer paso en el que se evaluarán los indicadores asociados a la situación de violencia sexual para hacer un diagnóstico y un informe de resultados, y posteriormente especificar el tratamiento psicológico y los objetivos terapéuticos.
Los plazos de atención serán inferiores a un mes desde que se reciba por parte de la entidad la derivación del servicio de prevención y apoyo a la familia.
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