Listas poco listas, las listas de morosos. Teóricamente, a decir de sus hacedores, sirven para proteger el sistema financiero. (El sistema financiero ¿no se protegía con generosas subvenciones, salidas de las costillas del contribuyente? De nuevo la contradicción integrada en el sistema: de tanto exprimir, las costillas no dan zumo). En realidad se limitan a negar crédito a cualquiera que, por vicio, por error, o con toda la razón del mundo, haya devuelto un recibo. Y toda la razón del mundo tiene quien, por ejemplo, devuelve un recibo de telefonía, por indebidamente facturado. No importa. Las “listas de morosos” carecen de la menor garantía jurídica: tienen permiso para mantener a los deudores -reales o erróneos- durante seis años. Eso, si luego el propietario de la lista no decide pasarlo a un “histórico”, una especie de apartado ilegal, pero accesible a las entidades financieras. No da garantía jurídica el que cualquiera pueda ser incluido antes de ser avisado, o incluso sin ser avisado. Ni que se le niegue toda información por las entidades financieras, con el insustancial pretexto de “confidencialidad”. ¿Confidencialidad, negar información al propio individuo incluido en la lista, mientras la entidad que la niega sí tiene acceso a sus datos? Otra contradicción, otra más, de un sistema económico, el capitalista, basado en la contradicción.
Las listas de morosos, por la falta de control externo, pueden ser usadas incluso por venganza. Para perjudicar a quien haya puesto en evidencia a la entidad o haya discutido con alguien con acceso al control. Nada impide que, quienes pueden entrar y anotar en ellas, puedan “castigar” al vecino tras una discusión privada. Si la entidad no precisa aportar pruebas y tantas y tantas veces ni siquiera se le comunica su inclusión, todo el tiempo que tarde en enterarse se le está perjudicando. Y, cuando por casualidad lo descubre, puede tardar hasta dos y tres años en ser eliminado de la lista. Y volvemos al “histórico”.
Ahora, el (des)gobierno de Rajoy y su panda, hablan de instaurar una nueva lista de deudores; esta de alquileres de vivienda, para impedir a esos deudores el acceso al alquiler. Buena forma de mandar más gente bajo los puentes. Cierta inmobiliaria explotadora de inquilinos y pregonadora de “alquiler seguro”, debe sentirse satisfecha. Ese control pudiera tener justificación si los precios de los alquileres estuvieran en línea con los ingresos de la mayoría; cuando el alquiler, sin apellidos (olvídese la entelequia del irreal término “social”), quede bajo el tope del 15% del sueldo medio mayoritario.
Entonces podría ser posible enjuiciar el impago, por voluntario, negligencia ó apatía. Hoy sólo es causado por el elevado precio, lo que no es culpa del arrendatario, sino de la rapacidad y rapiña del arrendador y la avaricia de la empresa inmobiliaria, sólo pendiente de su porcentaje. Y, sobre todo, es culpa del gobierno-apoyo de especuladores no dispuestos a defender al usuario de la rapiña, actividad que defiende con igual asiduidad e interés con que defiende la especulación, pese a que su deber es proteger a los más débiles. Mucho pedir, sin duda. Esa es la desgracia.
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