Ninguna discriminación puede ser positiva, por más que el abuso -más que uso- del adjetivo, haya llevado a la RAE a incluirla. Discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad. Una discriminación, como la propia palabra indica, siempre discrimina a alguien. El apellido no puede engañar más que a quien esté dispuesto a dejarse engañar o a quienes esperen sacar provecho, es decir, ser la parte beneficiada y, por lo tanto, opuesta a la discriminada. Beneficiar a una parte beneficia a una parte, es mentira que pueda ser un “beneficio para la sociedad”.
Podrá argüirse que la inserción laboral de la juventud es una medida de futuro. Siempre que sean medidas de inserción, en vez de simple adulación publicitaria para atraerse a un colectivo con cierta independencia económica, como ha venido siendo hasta que el ladrillo rebotó en las cabezas de la mayoría. Algo positivo había de tener algo tan negativo como este cambio de ciclo forzado por el gran capital, al que siguen empeñados en llamar “crisis”. La adulación, el mimo exagerado y el auto convencimiento por parte de empresarios (y empresarias) de que la edad o el sexo son un mérito, en vez de un estado, ha fomentado la arrogancia, ha desarrollado un sentimiento de superioridad en derechos, sin contrapartida en espíritu de servicio.
De todos modos, está bien arbitrar medidas para la inserción laboral de jóvenes y de mujeres. Estaría mejor si no se discriminara sencillamente y sin apellidos, al adulto varón. Es necesario que los jóvenes se integren al mundo laboral. Integrarse no es monopolizarlo. La integración de unos (y unas) no puede –al menos, no debe- hacerse a costa de otros. Otros que, encima, soportan cargas familiares, tienen que criar a jóvenes y a niños que serán jóvenes pronto. Tienen que vivir, en definitiva. En esta situación de desempleo sangrante, las autoridades no deberían tomar medidas que, por parciales, son restrictivas
Habrá que ver la eficacia de estas medidas parciales anunciadas por un gobierno, campeón de mentiras, con credibilidad a la altura de su desinterés y su mala gestión. Lo que hace falta no son acciones más propagandísticas que reales, destinadas a colectivos que, subjetivamente, puedan mantenerlo próximamente con su voto. Lo que hacen falta son acciones reales generales, en beneficio de todos o de la inmensa mayoría y de carácter permanente. Y eso pasa por derogar el despido libre e impulsar la industrialización, único sector capaz de crear valor añadido que, a su vez, genere beneficio capaz de movilizar y mejorar todos los sectores de la economía.
El Gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger a todos, de buscar soluciones para todos, en vez de planear trucos para atraer votos, de los que se beneficiarán muy pocos, una vez obtenido el objeto propagandístico perseguido; debe combatir la discriminación en el trabajo y para ello debería empezar por combatir las “preferencias” de sexo, raza, religión, edad, o cualquier otra, de los empresarios. Y una de las formas más eficaces de conseguirlo, sería impedir subvenciones, o cualquier tipo de ventajas económicas o fiscales, a quienes lo practiquen. El decoro y la justicia lo exigen.
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