El equipo de Gobierno de Arcos volverá a mediar por décimo quinta vez para que la Junta de Andalucía cumpla su compromiso de rebajar el alquiler en el parque local de viviendas sociales. El delegado de Urbanismo y primer teniente de Alcalde, Manuel Erdozain, se desplazaba este miércoles hasta la barriada San José para denunciar esta situación porque los vecinos ya no puede pagar un alquiler que en algunos casos roza o sobrepasa los 300 euros mensuales; es decir, una cantidad que podría ya estar por encima del alquiler de una vivienda de renta libre o privada.
Hace seis meses que la gerente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) -organismo propietario de las viviendas sociales- se comprometió a rebajar el alquiler no sólo en esta barriada sino en el resto de viviendas sociales de la ciudad, que son alrededor de 500 incluyendo los inmuebles de Juan Carlos I, Los Naranjos, El Portichuelo y casco antiguo, pero de momento no ha cumplido con su palabra, con el agravante de que esos alquileres datan en muchos casos del año 2007, cuando la situación económica de las familias era muy diferente. Además, el Ayuntamiento ha cumplido con su parte de aportar los informes avalados por Servicios Sociales que vienen a justificar la rebaja del alquiler.
Por ello, una vez más el Ayuntamiento se dirigirá a la Junta de Andalucía para que cumpla sus compromisos.
Pero ahí no quedan los problemas, pues en el caso de la barriada San José, ni se ha acondicionado la entrada de vehículos de la barriada ni se ha terminado con el grave problema de malos olores derivados de la saturación que sufre el pozo de aguas residuales, que para más inri también recoge los residuos de otras zonas colindantes; una situación que no sólo sufren todos los vecinos y que es fácilmente comprobable por los malos olores que desprende el lugar, sino especialmente por una familia que vive junto al pozo de aguas fecales cuya madre se encuentra postrada desde hace años en la cama por una enfermedad.
Tanto el delegado Manuel Erdozain como, en nombre de los vecinos, el presidente Juan Villalar esperan que se solvente lo antes posible. No obstante, sin ser su competencia, el Ayuntamiento ha actuado en el pozo con la colaboración desinteresada de la empresa Aqualia, pero las soluciones definitivas no llegan de donde tiene que venir: la Junta de Andalucía.
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