El sindicato CSIF ha remitido un escrito al subdirector general de Inspección Penitenciaria, José María Pérez, en el que le solicita que "depure responsabilidades" contra los inspectores que entraron la pasada semana en la cárcel de Sevilla-I y sorprendieron a varios funcionarios del turno de noche durmiendo, ya que incumplieron la normativa según la cual "por la noche no se abrirá sin previo conocimiento y autorización del jefe de servicios".
En el escrito, consultado por Europa Press, el presidente nacional del sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF, Adolfo Fernández, señala que dicha inspección, realizada en la madrugada del día 9 de mayo, "no hace otra cosa que aumentar, cuando no confirmar, las sospechas sobre la existencia de una campaña voraz de desprestigio y linchamiento mediático de los empleados públicos penitenciarios".
A su juicio, ello "atenta contra la honorabilidad y la honestidad profesional de los mismos, para, con ello y con la excusa de la crisis económica, auspiciar la privatización de la seguridad interior de los centros penitenciarios".
"CABEZA DE TURCO"
Al hilo, asevera que "si los inspectores de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias opinaran haber observado deficiencias en el servicio, depúrense las responsabilidades, pero empezando por ellos mismos, que vulneraron, en aras a intentar conseguir una cabeza de turco que ofrecer por su temeraria actuación, la normativa aplicable que impone que por la noche no se abrirá sin previo conocimiento y autorización del jefe de servicios", según el artículo 307 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto.
Asimismo, alude al artículo 283 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, que dispone que "el jefe de servicios es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro, y en consecuencia, adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, dando cuenta de ellas al director".
El responsable sindical asevera que "si pudiera existir alguna merma de la seguridad en el centro penitenciario, ésta se debería a la escasez de funcionarios, cuyo número ha disminuido mucho en los últimos años, hasta el punto de que hay un déficit de plantilla de alrededor del 15 por ciento".
"DESMORALIZACIÓN" ENTRE LOS FUNCIONARIOS
"Con la actuación que se objeta de la Secretaría General no se consigue que haya más efectivos, sino el desprestigio y el linchamiento mediático de un colectivo profesional que lo único que ha recibido en los últimos años ha sido la pérdida de retribuciones y derechos, cundiendo la desmoralización y la desconfianza entre los mismos", concluye Adolfo Fernández.
Tras dicha inspección, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto abrir expediente disciplinario por falta muy grave a, al menos, seis funcionarios de la cárcel de Sevilla-I que fueron sorprendidos durmiendo, lo que coincidió además con la dimisión al día siguiente de la directora de la cárcel, Ana Isabel Martín Díaz.
Fuentes penitenciarias han informado a Europa Press de que la Secretaría General del ramo ha notificado esta misma semana la apertura de expediente por falta muy grave a cinco funcionarios y al jefe de servicios del turno de noche de la cárcel sevillana.
SIGUE SIN ACEPTARSE LA DIMISIÓN DE LA DIRECTORA DE LA CÁRCEL
Hasta el momento, el responsable de este departamento no se ha pronunciado sobre si acepta o no la dimisión "por motivos personales" presentada por la directora de Sevilla-I el pasado jueves, después de que se realizara la inspección que ha culminado con la apertura de los expedientes.
Al parecer, la directora de la cárcel ha pedido a la Secretaría General del ramo "quedarse ejerciendo como jurista" en la cárcel de Sevilla-I.
Ana Isabel Martín Díaz, que antes había sido responsable de la cárcel de Córdoba, fue nombrada directora de Sevilla-I en sustitución de Juan Manuel Ruiz, cuya destitución se produjo después de que en febrero de 2010 se fugaran de sus instalaciones dos presos, que posteriormente fueron localizados y detenidos en la provincia de Lérida.
Los fugados fueron Mohamed Larbi, ciudadano de origen marroquí que cumplía una condena de tres años y seis meses de cárcel por robo con violencia, y R.H.C., más conocido como 'El Rafi' y que se encontraba en prisión preventiva por el homicidio perpetrado a tiros en Bujalance (Córdoba) sobre la persona de José Reyes.
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