Los ayuntamientos de La Línea de la Concepción y de San Roque colaborarán con la Junta de Andalucía en la aplicación de medidas judiciales de régimen abierto acordadas por los juzgados para aquellos menores que hayan cometido alguna infracción. Estas medidas consistirán en prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y actividades reparadoras a favor de la sociedad que estos jóvenes realizarán en sus respectivos municipios.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, ha firmado hoy sendos convenios con la alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, y con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.
Este tipo de convenio compromete a ambas partes en esta iniciativa que contribuye a la labor educativa del joven a su resocialización. Propicia además que los jóvenes puedan realizar estas tareas en el propio entorno territorial y social donde comparte valores, gustos y tendencias, y en el que habitan él y su familia.
La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales, de las denominadas de medio abierto, que se pueden imponer a los jueces de menores a los jóvenes infractores. Esta decisión judicial tiene carácter voluntario y se traduce en acciones siempre relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de precariedad. Durante el pasado año se desarrollaron un total de 227 medidas en beneficio de la comunidad en la provincia de Cádiz.
Estas actividades no son retribuidas y bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo y resocializador orientado a su desarrollo integral. Las actividades que desarrollan los menores son de carácter social o comunitario, en el ámbito de la seguridad vial, la atención a personas mayores o con discapacidad, y la limpieza de parques y jardines, fundamentalmente.
La tarea socioeducativa incluye la realización de alguna actividad de contenido educativo, destinada igualmente al desarrollo del menor. Por su parte, las reparaciones en favor de la sociedad derivan del proceso de conciliación y se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad .
El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ya venía colaborando con la Junta de Andalucía desde el año 2003 en esta materia y ahora vuelve a renovar este compromiso con la firma del nuevo acuerdo en el que se concreta la ejecución de estas medidas. El pasado año se ejecutaron 50 medidas impuestas a menores y en lo que va del año 2013 se están ejecutando 21.
En cambio, el convenio firmado con San Roque es una prórroga del que se firmó en 2012. En este municipio se ejecutaron el año pasado 16 medidas judiciales a menores y en lo que va de año se han ejecutado 2.
Estos convenios, que no comportan ninguna contraprestación económi-ca, tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y re-inserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.
Un 80% de no reincidencia
El último estudio realizado por la Junta y la Universidad de Almería constata que la efectividad de la reeducación de los menores infractores en Andalucía alcanza un índice muy alto, ya que la tasa de no reincidencia tras finalizar la ejecución de una medida judicial supera el 80%.
El conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores tienen por finalidad que el menor comprenda, durante su cumplimiento, que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta.
Con estas medidas se pretende que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo.
La colaboración que se presta a través de este convenio permite que la intervención que se hace con estos menores se reoriente hacia una toma de conciencia del mal que su acto ha provocado, de la necesidad de reparar el daño y de la obligación de respetar los valores de la comunidad.
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