Ambas fuentes precisaron que una vez alcanzado un "texto de consenso", sindicatos y empresarios deberán remitirlo a los órganos de gobierno de sus respectivas organizaciones para someterlo a su aprobación.
La Junta de Andalucía deberá llevar dicho texto al Consejo Económico y Social (CES-A) y al Consejo Consultivo, para posteriormente ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y ser remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva.
Fuentes de la Consejería mostraron a Europa Press su satisfacción por este acuerdo "que cierra el círculo de la Concertación que se estableció en el Plan de Vivienda y ahora se consolida con este anteproyecto de Ley a través del acuerdo con los ayuntamientos, que el pasado lunes en el Consejo de Concertación Local se mostraron a favor de dicho texto, y ahora con empresarios y sindicatos, que también dan su apoyo a la Ley".
Para la Consejería, este consenso "pone de manifiesto de forma más clara el contraste que existe entre la política de diálogo con los agentes que ejerce la Junta y la actitud de enfrentamiento del PP, cuando la medida es positiva, como demuestra el apoyo mostrado por ayuntamientos, sindicatos y empresarios".
Las fuentes de la Junta precisaron que la Ley se mantiene "en los plazos que manejamos", de forma que, como ya recordó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se prevé que a finales de febrero entre en el Parlamento andaluz.
Para Vivienda, "era fundamental conseguir el consenso y que este documento contara con el respaldo de los agentes que apoyaron el Plan Concertado de Vivienda".
Por su parte, otras fuentes de la negociación destacaron a Europa Press que se ha logrado consenso "en los escollos fundamentales" tras iniciar la negociación a finales de 2008, como eran cuestiones de tipo técnico y el contenido sobre qué podían reclamar los ciudadanos en la Ley como titulares del derecho a la vivienda, que suponía "el mayor caballo de batalla entre las partes".
En ese sentido, dichas fuentes precisaron que el texto consensuado y admitido por las partes "no otorga el derecho a una vivienda concreta, sino que se avanza en las políticas de las administraciones para conseguir el ejercicio de ese derecho; los ciudadanos tienen derecho a que los ayuntamientos elaboren los planes municipales de vivienda donde se van a concretar esas necesidades de VPO".
Agregaron, por ello, que "la ley otorga a los demandantes de vivienda el derecho a reclamar la obligatoriedad de que los ayuntamientos hagan esos planes municipales de VPO".
Destacaron, por último, que se ha logrado consenso en torno a los registros municipales de demandantes y los citados planes municipales de vivienda y suelo.
Requisitos
Este anteproyecto de ley "supone el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada y la capacidad para poder ejercerlo y hacerlo efectivo". La Ley también recuerda que son las administraciones públicas en su conjunto las que deben velar por ese derecho y se regula quiénes son los titulares del derecho a la vivienda.
Cada municipio deberá elaborar, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta norma, un plan de vivienda "que será el que marque las necesidades y las pautas". Además la Ley deberá fijar un plazo en el que los municipios deberán tener esos planes elaborados y un plazo para revisarlos y actualizarlos. Asimismo, esta norma obliga a los ayuntamientos a tener un registro municipal de demandantes, donde se inscriba la gente con necesidades de vivienda.
El funcionamiento del registro de demandantes se tendrá que desarrollar mediante un reglamento, con posterioridad a la Ley, donde los consistorios fijarán los criterios de procedimiento para la selección y adjudicación de viviendas.
En ese sentido, entre los requisitos que los demandantes de VPO será necesario tres años de empadronamiento en el municipio; tener vecindad administrativa; tener una cierta situación económica para poder optar a vivienda protegida, esto es, "carecer de ingresos suficientes para tener una vivienda libre"; y no tener ninguna vivienda en propiedad, pero al mismo tiempo, estar en condiciones de tener una vida económica independiente "con un grado mínimo de suficiencia económica".
Esta Ley contempla la protección jurídica del derecho a la vivienda, de forma que las personas titulares de ese derecho "podrán reclamar a las administraciones públicas por la vía contencioso administrativa el cumplimiento de lo que determina la Ley si no se les ofrece una vivienda".
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