La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves pedir a la Mesa del Senado que conceda una "nueva prórroga", por un plazo de quince días y con efectos desde el 14 de febrero de 2024, para elaborar su informe sobre la proposición de ley de amnistía, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
Ya el pasado 11 de enero el CGPJ solicitó una primera prórroga de 15 días, a contar desde el 24 de enero, para elaborar dicho informe. Esta previsto que el Consejo se pronuncie por petición expresa del Senado, toda vez que el pasado diciembre la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal.
Cabe recordar que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo.
La Comisión Permanente valoró en su día dicha petición y accedió a emitir informe, designando como ponentes del mismo a la vocal progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea.
UNA "ABOLICIÓN" DEL ESTADO DE DERECHO
El pasado 6 de noviembre, el CGPJ se pronunció por primera vez sobre la ley de amnistía que entonces negociaba el PSOE con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Lo hizo a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno donde advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.
Entonces, aún no se conocía el texto de la futura ley de amnistía, lo que provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipó que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse.
Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el 'lawfare'.
Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría "vigilante", algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente.
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