El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha advertido de que la amnistía política que se plantea es una cuestión "ajena al interés general fundada en una necesidad coyuntural que alcanza a todos".
Así lo ha expresado en una entrevista publicada este domingo por el diario 'El Mundo', en la que cuestionado por si la amnistía tiene cabida en la Constitución, ha incidido en que para concederla "lo decisivo es valorar las circunstancias concurrentes", entre ellas "un consenso general que no hay".
"Para mí el gran problema es si la amnistía política de la que hablamos es un tema de interés general. A priori, la respuesta necesariamente es negativa. Si fuese de interés general, habría ido en los programas políticos de los partidos, al menos en el de quien ahora la propicia", ha señalado.
Guilarte también ha indicado que una amnistía "podría ser legítima si previamente existiera un pacto nacional sobre una posible reordenación de la llamada cuestión territorial española entre las principales fuerzas políticas". "Si hubiera ese pacto, y se concediera una amnistía en unas determinadas condiciones, ayudando posteriormente a que ese pacto se formalizara, sería posible", ha explicado.
En este sentido, ha ahondado en que lo que es "constitucionalmente inviable" es "empezar por amnistiar y, mucho menos, como paso previo a pretensiones ajenas al orden constitucional vigente".
Asimismo, ha defendido la actuación jurisdiccional de los tribunales con motivo del 'procés' y ha criticado que la idea expresada por Sánchez al indicar que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial", "deslegitima" lo que, a juicio de Guilarte, fue "el recto ejercicio de la función de la Justicia".
"Reescribir idealmente la historia, añorando lo que debió ser y no fue, no puede ser utilizado para cuestionar hoy, por intereses partidistas, a una parte de sus protagonistas", ha avisado al respecto.
El presidente del CGPJ, quien considera que el uso de las lenguas cooficiales "dificulta el entendimiento en el Congreso, también se ha referido a la ley del 'solo sí es sí', la que ha tildado de "ataque furibundo a los jueces desde las instituciones públicas" por señalarles en las rebajas de penas.
"Esas críticas parten de la base de que un delincuente no tiene derecho a la aplicación de la ley más favorable al reo, y claro que tienen derecho, aunque sean delincuentes sexuales. Las críticas sostienen que es un problema de los jueces que aplican la Ley. No, mire, no. También los delincuentes tienen derechos", ha apostillado.
Por otro lado, ha aseverado que los culpables del bloqueo en el CGPJ son los partidos políticos que no han alcanzado un acuerdo, por lo que ha abogado por un cambio en el sistema para que estos "pierdan su nocivo protagonismo", si bien ha señalado que la "alternativa corporativa tampoco solucionaría el problema".
"Que la política nos deje en paz y cumpla con su obligación", ha clamado, para defender que el órgano, dentro de las funciones que mantiene, "continúa funcionando con la mejor voluntad posible de sus miembros". "En el Consejo trabajan alrededor de 200 personas y estamos funcionando con normalidad, dentro de las limitaciones que nos han impuesto. Estamos vivos, se descomponen los muertos", ha dicho.
En este contexto, ha apuntado que alguien tendría que "poner remedio" al disparate de privar al órgano de efectuar los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial porque "es una especie de violencia vicaria contra el Supremo". "Estamos castigando al Supremo para un objetivo que no se logra", ha lamentado en relación con esta reforma que tenía la finalidad de forzar la renovación del CGPJ.
Sobre las vacantes del Supremo, Guilarte ha advertido de que "sería un buen momento" para que "hubiera una cierta entente de partido" para "tomar medidas mínimas".
"Por ejemplo, la prórroga de los magistrados que deban jubilarse próximamente o el rescate de magistrados recién jubilados. No habría ningún ganador ni perdedor. Y se pondría un parche a la situación crítica del Supremo. Podría empezar quizás así una vía de diálogo para solventar el bloqueo del CGPJ, que es evidente que no puede resolverse de forma unilateral, imponiendo una u otra fórmula interesada de renovación", ha propuesto.
Igualmente, en relación con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha indicado que es un "jurista excelso", pero ha afeado el mensaje que el Constitucional está dando a la ciudadanía. "Permanentemente toda cuestión con una cierta relevancia política se soluciona con una división de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, es un mensaje demoledor", ha censurado.
"En el Constitucional tienen que tener conciencia de que también tienen que llegar a acuerdos, ya que el mensaje de la tajante bipolarización es grave", ha añadido, para subrayar que "un jurista de la talla de quien lo preside debería asumir que hay que cambiarlo". "Deberían buscarse fórmulas para evitarlo, porque el 7-4 hace bastante daño a la credibilidad del órgano y del sistema", ha sentenciado.
El presidente del CGPJ ha alertado, además, de la "degradación" de las instituciones judiciales, no solo por la no renovación del órgano que preside, también por las "críticas insistentes a la sentencias judiciales cada vez que alguien no está conforme con una resolución". "He leído que la Unión Progresista de Fiscales critica abiertamente al Supremo por anular un nombramiento efectuado por el fiscal general. Son las reglas del juego. Quien es destacado actor del sistema no puede criticar las decisiones de la Sala Tercera; tiene que aceptarlas", ha sentenciado al respecto.
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