El Gobierno andaluz ha hecho una radiografía de sus funcionarios de la Administración General con motivo de la elaboración del I Plan de Igualdad para este sector de los empleados públicos, cuya vigencia abarcará el periodo 2023-2027.
Con datos de 31 de diciembre de 2021, contabiliza en este ámbito a 40.720 trabajadores, de los que señala que un 63,5% son mujeres, dato del que ha concluido que "es una Administración feminizada" al superar las cotas de representación de ambos sexos en la proporción de un 60%-40%.
A esta característica suma otra, que "es una Administración envejecida" por cuanto precisa que "el 71,30% del personal supera los 50 años". Para dar dimensión de este hecho diferencial esgrime que "en la Administración General del Estado suponen el 64%", 7,3 puntos menos.
En ese sentido prosigue explicando que "la mitad de la plantilla está en la franja de 51 a 60 años", de la que dice que es la franja "más feminizada" por cuanto el 64% son mujeres, dato que vuelve a contrastar con el Estado para remarcar que la Junta de Andalucía "es una Administración más envejecida", ya que en ésta son un 43,54% las mujeres en ese tramo de edad.
El documento, que se encuentra en la fase de exposición pública desde el 14 de septiembre y lo estará hasta el 4 de octubre, plantea en su introducción que "el objetivo principal" de este I Plan de Igualdad es establecer "las medidas y acciones que se deben llevar a cabo para corregir las posibles situaciones y problemas que puedan existir de desigualdad entre el personal empleado público de la Administración General de la Junta de Andalucía y su personal eventual".
De esos 40.720 efectivos totales de la Administración General, que son 25.860 mujeres y 14.860 hombres, los funcionarios son 19.789 efectivos (11.194 mujeres y 8.595 hombres), por lo que con una cuota de mujeres de un 56,57% señala que "dicho colectivo está ligeramente feminizado".
Esa proporción femenina es muy superior entre el personal laboral, donde entre 20.931 integrantes, un 70% son mujeres, por lo que la Junta de Andalucía habla de "un colectivo ampliamente feminizado".
Sobre la evolución de la plantilla de Administración General en la última década, la Junta de Andalucía señala que su número de integrantes "ha disminuido un 15,9% en la última década", para contastar que en 2010 la plantilla era de 48.420 efectivos frente a los 40.720 de 2021, a lo que añade que la feminización se ha mantenido en sentido creciente".
El Anexo de Personal del Presupuesto de este ejercicio indica que los efectivos de Administración General son 46.242, dato que supone un repunte de un 13,5% sobre el personal de 2021, aunque por debajo de los 48.420 de 2021.
Estos 46.242 integrantes de la Administración General suponen el 16,5% del total de funcionarios de la Junta de Andalucía, que es de 280.200, de los cuales 108.122 son docentes; 96.280, sanitarios; 8.117, funcionarios de justicia; y 21.439 son laborales que no pertenecen al VI Convenio Colectivo.
El gasto de Personal de la Junta en sus cuentas de 2023 asciende a 14.795 millones de euros, repartidos a un 50% entre la Junta de Andalucía y las Agencias y Consorcios.
Este trabajo explica que "las diferencias salariales entre mujeres y hombres en la Junta de Andalucía no derivan de las condiciones retributivas de los puestos de trabajo, pero sí de los niveles más bajos en la escala retributiva que éstas desempeñan", a lo que suma "la mayor tendencia" de ellas a hacer medidas de conciliación, que en algunos casos conllevan deducción salarial.
La Junta cifra en un 12,7% la diferencia salarial global en la plantilla de la Administración General a favor de los empleados públicos masculinos. Frente a un salario medio diario para los hombres de 81,48 euros, en el caso de las mujeres esa retribución es de 71,12 euros.
En el caso específico de los funcionarios, la desventaja es de un 9,74%, con un salario de los hombres de 88,16 euros al día y de 80,48 euros de las mujeres. En el personal laboral esa desventaja de las mujeres es de un 5,03%, con un salario medio de 63,43 euros/día para los hombres frente a los 60,24 euros de las mujeres.
"En general, con independencia del colectivo, la diferencia salarial es menor entre quienes desempeñan los puestos de mayor responsabilidad en la estructura administrativa", apunta el diagnóstico de la Junta.
La Junta explica que el cálculo de la diferencia salarial lo ha hecho utilizando de referente el salario íntegro del mes de diciembre de
2021. Al salario medio de los hombres se le resta el de las mujeres para dividirlo a su vez sobre los ingresos medios de los hombres y expresar el cociente como un porcentaje.
Con este retrato, el documento identifica los problemas, necesidades y retos detectados. De los 16 problemas que enumera, el primero que identifica es que "las jefaturas tienen sobrerrepresentación masculina", al que sigue "las mujeres tienen más dificultades de progreso", donde plantea los conceptos de "techo de cristal y segregación vertical", que describe como "el reparto desigual de hombres y mujeres en la escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en las escalas inferiores".
En tercer lugar identifica que "hay más problemas de conciliación en niveles superiores", antes de plantear que "la feminización aumenta conforme desciende el nivel", con el ejemplo de que "los puestos de nivel 18 están altamente feminizados", entre los que menciona a las secretarias.
En quinto lugar apunta como problema que los empleados públicos perciben que "la conciliación supone un freno para la carrera profesional de las mujeres", seguida en sexta posición de que "la conciliación es difícil y poco fomentada además de que no recoge toda la casuística".
El séptimo reto que identifica es que "un 10% menos de mujeres que de hombres se ha planteado promocionar o acceder a un puesto de mayor responsabilidad", para precisar que ese porcentaje "disminuye con la edad", hecho que identifica con la expresión suelo pegajoso, que serían los impedimientos que dificultan a una mujer para desarrollarse en el mundo laboral privado o público.
El documento habla en octavo lugar de "la sobrecualificación de las personas en niveles inferiores, especialmente, en las mujeres y, especialmente, en el grupo C1", a lo que suma seguidamente que "la temporalidad en el empleo está feminizada", para indicar que "este problema está incluido en el Plan Estratégico de Recursos Humanos".
El texto del I Plan de Igualdad señala como décimo hándicap que "las medidas de conciliación, en general, aumentan la desigualdad salarial", a lo que añade que "no existe conciliación para el cuidado de las personas mayores".
Otro problema que identifica es que "hay una segregación horizontal", que describe como el hecho de que "los roles de género en la sociedad se reproducen en la Administración" de manera que las funcionarias se concentran en departamentos con competencias en educación, salud o cuidados.
En décimotercer lugar plantea que "hay menos capacitación digital y técnica (STEM) entre las mujeres que entre los hombres", a lo que suma que "los cuerpos superiores facultativos, especialmente en el ámbito de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), así como los sectores productivos (agricultura, empleo) están masculinizados".
Por último apunta que "los comités de seguridad en la salud están muy masculinizados", así como que "las personas que integran las unidades de género no tienen formación especializada, no están dedicadas en exclusiva a esta labor, ni recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".
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