Actualizado: 22:18 CET
Lunes, 28/05/2018

Sevilla

Critican la sanción al delegado de APDH-A por una protesta en Sevilla

La asociación ProDerechos Humanos ha criticado que la Subdelegación, a propuesta de la Policía Local de Sevilla, le haya abierto un expediente sancionador

  • La protesta por la que se incoó expediente.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha criticado este miércoles que su delegado en Sevilla haya sido objeto de un "expediente sancionador" por parte de la Subdelegación del Gobierno y "a propuesta del Cuerpo de Policía Local", después de que promoviese una concentración ante el Ayuntamiento hispalense en demanda del derecho a la vivienda digna.

Según APDH-A, este colectivo y otros tantos convocaron el pasado 13 de febrero una concentración frente al Ayuntamiento de Sevilla en demanda del derecho a la vivienda, una movilización "comunicada a la Subdelegación del Gobierno y estimada por esta". "Todo se desarrolló con la normalidad propia de este tipo de convocatorias y, una vez finalizada, se comunicó a las personas asistentes y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes", defiende el colectivo.

Pero tras dicha concentración, según ha informado a Europa Press Pablo Fernández, delegado de APDH-A en Sevilla, ha sido recibida la notificación de un "expediente sancionador" dirigido a él mismo como persona física promotora de la protesta, extremo que ha conectado con la "deriva autoritaria" relacionada con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, criticada como la "ley mordaza".

LABOR "COTIDIANA"

El colectivo, que prevé presentar este jueves alegaciones a dicho expediente sancionador, recuerda que desde hace 25 años viene promoviendo de manera "cotidiana" distintas movilizaciones en la calle, "sin haber tenido ningún problema especial a la hora de ejercer el derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española".

Además, la organización prevé reunirse con el subdelegado del Gobierno central para reclamar "respeto al derecho de reunión y la revocación de este despropósito", avisando de que tras la entrada en vigor de la "ley mordaza" se suceden situaciones que prueban "el recorte de facto del derecho a la libertad de expresión, la criminalización y estigmatización de la protesta social y el castigo de la disidencia".

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