El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora de obras y Actividades (OROA) y ha acordado la concesión de una moratoria de un año para el deber de edificar para los propietarios de las fincas inscritas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, algo de lo que quedan excluidas aquellas propiedades que formen parte de la zona declarada como conjunto histórico. Ambas iniciativas han contado con el apoyo de PSOE, PP y Cs y el rechazo de Participa Sevilla e IU.
En su intervención, el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha defendido unos cambios en la OROA que hace que "en Sevilla sea más fácil emprender una actividad empresarial", tras desestimarse 92 de las 2010 alegaciones presentadas. Entiende que había margen de mejora en cuanto a la regulación para la obtención de licencias, donde el 85 por ciento que las solicita son pequeños comercios, y recuerda que actualmente los tiempos de respuesta "no eran los adecuados, ni la carga administrativa, al haber además duplicidades". Los cambios se encaminan a la agilización de las licencias y se da especial importancia a la declaración responsable, algo que "no significa dejación de funciones, ya que se refuerza el control a posteriori".
La concejal del PP María del Mar Sánchez Estrella ha incidido en que "se hace muy necesario que el control posterior se haga en tiempo y forma", así como que se produzca la unión entre Medio ambiente y Urbanismo, ante lo que pide "esfuerzo municipal para que pueda ser posible lo antes posible". Asimismo, el portavoz de Cs, Javier Millán, entiende que Urbanismo "no debe ser un lastre, sino un facilitador para quien quiere invertir" y defiende una OROA que "elimina duplicidades, simplifica procedimientos y extiende la declaración responsable hasta el máximo legal permitido, pero con todas las garantías". "Se da un paso en la buena dirección y queda integrar el servicio de protección ambiental en urbanismo y unificar los criterios técnicos, así como impulsarla digitalización municipal", agrega.
De su lado, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, considera que se ha producido un "ejercicio de gatopardismo, de cambiarlo todo para que nada cambie" y está de acuerdo en agilizar, pero "eso no sucede con esta modificación porque no va a la raíz". "Acata lo que dice la UE, pero sólo lo que le interesa, porque también se señala que hay que aumentar el control posterior y no montar una especie de barra libre de declaraciones responsables", sentencia.
Igualmente, la portavoz de Participa, Susana Serrano, se ha mostrado preocupada por el "atajo continuo" a la hora de otorgar las licencias porque "esto no es la solución" y afirma que la ordenanza se ha hecho "de espaldas" a la oposición. "La norma ahora trasladaría a posteriori los controles para garantizar su legalidad, pero hay una evidente falta de personal. Va a tener consecuencias medioambientales para la ciudadanía", sentencia, tras pedir más personal y una ventanilla única real.
Por otra parte, el Pleno ha abordado la prórroga para la construcción de los solares, ante lo que Muñoz ha recordado que entre 2014 y 2017 el Ayuntamiento ha llevado a cabo 63 concursos por venta forzosa de solares ante el incumplimiento del deber de edificar de sus propietarios. De los 13 relativos al centro, 12 han sido adjudicados, con presentación de ofertas por parte de siete u ocho licitadores, mientras que de los 50 concursos restantes de solares en la periferia, un total de 44 han quedado desiertos.
Señala que la venta forzosa "consume medios internos" de Urbanismo y que este mecanismo funciona ante la bonanza económica, pero "no ante la crisis porque no hay respuesta de los mercados para comprar esas fincas". "Sevilla se encuentra a la vanguardia en la materia con este mecanismo que obliga a construir, pero esta prórroga se plantea porque no hay respuesta del mercado", agrega, matizando que esta medida "no favorece a los grandes propietarios de Sevilla, sino que se verían beneficiadas 104 fincas, de las que el 64 por ciento tiene menos de 150 metros cuadrados".
La iniciativa ha contado con el apoyo del portavoz de Cs, Javier Millán, que explica que es la misma propuesta de noviembre de 2016 pero "argumentada y justificada, soportada por un informe jurídico y técnico, alimentando la seguridad jurídica".
Por el contrario, Susana Serrano considera que, "cuando se hace esto, no se centra en resolver el problema de la vivienda sino en intereses privados"." Es un mal uso del instrumento porque no hay una situación de crisis como antes", concluye. De su lado, Rojas recuerda que cuando la prórroga en 2011 se argumentó crisis económica, igual que ahora, "aunque Espadas dijo en 2017 que Sevilla está en su mejor momento económico desde hace seis años, así que no creemos la milonga de la crisis". "En la prórroga se excluye el casco antiguo porque el sector inmobiliario sí responde ahí, por lo que se está haciendo un favor a los grandes propietarios de suelo", incide.
UNIDAD DE CALIDAD EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
El Pleno de Sevilla también ha abordado la información de la Intervención general sobre el informe de auditoría de los sistemas de información y aplicaciones informáticas utilizados por la Agencia Tributaria de Sevilla para la gestión y recaudación de tributos y otros ingresos municipales, teniendo en cuenta el fallo de seguridad ocurrido en 2015.
Tras señalar que el grado de ingresos está llegando al cien por cien y que se está haciendo "un gran esfuerzo de mejora", el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), ha explicado que se va a crear una unidad de calidad con personal de la propia agencia y se analizarán las recomendaciones del interventor.
Señala que las conclusiones de la auditoría van en línea con las deficiencias ya detectadas al inicio del mandato y con las acciones puestas en marcha para mejorar la calidad del sistema, los mecanismos de seguridad interna, en la protección de datos y de lucha contra los procedimientos de morosidad. Se sugiere la adopción de medidas para mejorar la coordinación con los distintos departamentos y mejorar los procedimientos de depuración de la información recibida. "Tendremos en cuenta estas propuestas", concluye.
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