Después de que el consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD) haya aprobado los nuevos pliegos que regularán los concursos relativos a la gestión de las instalaciones deportivas básicas municipales, otrora canalizadas mediante la figura de las juntas rectoras, IU-CA avisa de que el actual gobierno local socialista pretende "consolidar las privatizaciones llevadas a cabo por el PP" en el anterior mandato.
Hasta comienzos del anterior mandato, recordémoslo, más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras, que integraban a los clubes o entidades deportivas del ámbito de influencia de tales instalaciones municipales. Pero en 2007, un informe de la Secretaría del Ayuntamiento exponía que "en un gran número de supuestos, no se han constituido las juntas rectoras" dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para la constitución de estos órganos colegiados".
El informe, recogida por Europa Press, señalaba el "agotamiento" de este modelo y, a la hora de abordar la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones, zanjaba que la misma debería estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos". Dado el caso, durante el mandato del PP, el IMD licitó concesiones administrativas para la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales hasta entonces en manos de juntas rectoras, aspecto envuelto en una cruda controversia con no pocas acusaciones de "privatización".
Ya en el vigente mandato, el pleno acordó no prorrogar ninguna de las concesiones administrativas que pesan sobre las instalaciones deportivas básicas municipales, rescatar aquellas que incurran en "incumplimientos flagrantes" y emprender un proceso de participación con los clubes y entidades deportivas, para acordar un nuevo modelo de "gestión compartida" para estos espacios.
En ese contexto, el consejo de gobierno del IMD ha aprobado este jueves el nuevo modelo de pliegos para la concesión de la gestión de las instalaciones deportivas. Al respecto, la concejal de IU-CA Eva Oliva expone que estos nuevos pliegos mantienen, "en su esencia, la estructura de los que elaboró el Gobierno de Zoido en el mandato anterior", de modo que la mayoría de estos centros "permanecerán en manos de empresas privadas y de entidades sin experiencia deportiva ni vínculos ni arraigo con el deporte de base de los barrios".
"Esto es un fraude inaceptable", ha aseverado la edil de IU, quien reprocha a Espadas su "enésima tomadura de pelo" a los clubes y entidades sin ánimo de lucro, al continuar la "nefasta política del PP, que priorizaba el negocio sobre el deporte de base". Para Oliva, los nuevos pliegos certifican la "traición" de Espadas al deporte de base y su apuesta clara por perpetuar el modelo privatizador de Zoido que tanto criticó en la oposición.
"La prueba es que los pliegos han salido adelante con el apoyo entusiasta del PP", ha precisado. "Él sabrá a qué juega, pero desde luego estas decisiones son contrarias al acuerdo de investidura suscrito entre IU y PSOE y gracias al cual hoy es alcalde", avisa la concejala de la formación de izquierdas.
Oliva recuerda, además, que los pliegos del PSOE suponen un "incumplimiento flagrante" de la moción aprobada en el pleno del pasado mes de octubre, a instancias de IU, para que el IMD iniciara un proceso de participación y negociación con las entidades deportivas sin ánimo de lucro al objeto de consensuar un acuerdo sobre la gestión de las instalaciones básicas municipales.
En aquella moción también se contemplaba "la anulación del modelo privatizador del PP y su sustitución por un sistema de participación y responsabilidad compartida con las entidades y los clubes de las zonas donde se encuentran las instalaciones". "Pero seis meses después, el PSOE no ha dado ni un solo paso en esa dirección, más bien al contrario", denuncia la concejala de IU.
Ante esto, Izquierda Unida insiste en que seguirá peleando, junto a las entidades y clubes de base, por un modelo público de gestión de las instalaciones deportivas, basado en el principio de que el deporte es un derecho y no un negocio y en el que las adjudicaciones se hagan en función de criterios objetivos como la experiencia en la organización de programas y actividades o la vinculación con los distritos.
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