La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha admitido a trámite la queja planteada el pasado viernes por los abogados del Grupo 17 de Marzo con respecto a las presuntas coacciones ejercidas por la Policía Local por orden del Ayuntamiento hispalense contra las familias que ocuparon a las familias que ocuparon algunas de las 220 VPO que Emvisesa edificó en la antigua barriada de Regiones Devastadas, ahora Nuevo Amate, por lo que solicitará informes sobre dicha actuación policial.
En dicha queja, presentada además en la Fiscalía y en el juzgado, los abogados Luis de los Santos y Pastora Filigrana exponían que "el cordón policial -de la Policía Nacional y Local- se estaba excediendo en el marco de sus competencias", vulnerando los "más minimos derechos fundamentales" al, entre otras cosas, "impedir la introducción de teléfonos móviles, cargadores o tecnología" en las viviendas ocupadas, así como que "los medios de comunicación entrevistasen a estas personas en el interior de las viviendas" e incluso "la entrega libre de medicinas a los protagonistas de los hechos".
El colectivo de abogados que asesora a las familias volvió a señalar ayer que la Policía Local, bajo auspicios del Ayuntamiento, estaba actuando sin una orden judicial, ya que la orden era administrativa y que la situación de coacción continuó hasta el miércoles cuando las cuatro familias que aun permanecían ocupando las viviendas decidieron abandonarlas de forma voluntaria.
Además, el Grupo 17 de Marzo lamenta en un comunicado que durante los siete días que se ha mantenido dicho cordón policial "ninguna de las administraciones e instituciones (Defensor, Fiscalía y Juzgado) a las que se ha dirigido haya al menos comprobado in situ la situación e instado a que se pusiera fin a dichos actos hasta que hubiera una orden judicial".
Por otro lado, al ceñirse la investigación del Defensor del Pueblo Andaluz, únicamente al Ayuntamiento, el Grupo 17 de Marzo anuncia que interpondrá la queja a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al objeto de que investigue la actuación de la Subdelegación del Gobierno y la Policía nacional, presente en el cordón durante varios días.
Citación judicial
Las familias, que abandonaron la ocupación de las VPO de Nuevo Amate el pasado miércoles de forma voluntaria, tienen que acudir este viernes, en calidad de imputados, a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 13, a partir de las 09.30 horas, merced a la denuncia penal promovida por Emvisesa, titular de las viviendas, por un posible delito de usurpación.
Los denunciados, que ya no están en esas viviendas, han pedido a Emvisesa que retire esa denuncia penal, ya que consideran que "se trata de un asunto social" que debe tratarse con una reunión con el Ayuntamiento para que se les facilite una vivienda.
A esta petición para que Emvisesa retire la denuncia se unieron los grupos de la oposición hispalense, PSOE e IU.
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