Sevilla

Aznalcóllar sigue en el ojo del huracán 26 años después del desastre

Los grupos ecologistas insisten en pedir que se impida el vertido tóxico al Guadalquivir mientras empresa y administración defienden el nuevo proyecto

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  • LA CORTA DE AZNALCÓLLAR QUE CONTIENE LOS RESIDUOS. -
  • Minera Los Frailes asegura que se instalará una depuradora de última generación y una nueva red, la “solución definitiva”
  • Los ecologistas alertan de que la carga contaminante afectaría a 36.000 hectáreas de arrozales y los caladeros del Golfo de Cádiz
  • Paradela afirma que el vertido de la mina de Aznalcóllar está “dentro del marco normativo exigible y exigente”

25 de abril de 2024 y 26 años después del desastre de Boliden. A punto de autorizarse, pero sin fecha aún, la nueva actividad minera en Aznalcóllar por parte de la adjudicataria, Minera Los Frailes, la existencia de una conducción de 30 kilómetros desde la antigua corta minera hasta el Guadalquivir, justo frente al estadio de La Cartuja, ha encendido todas las alarmas de los ecologistas y ha puesto en jaque incluso a la propia empresa, que ha tenido que defender las bondades ambientales de su proyecto.

 

Ecologistas en Acción y Greenpeace son algunas de las asociaciones más beligerantes contra el proyecto, aunque no son las únicas, ya que algunas locales, como Alianza Verde o la plataforma Ficus San Jacinto junto a Podemos Sevilla y otras, han presentado un escrito ante de Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo que interceda para evitar que la Junta de Andalucía apruebe finalmente el vertido al Guadalquivir que incluye proyecto.

 

Las entidades, que este mismo jueves se manifestarán en el Muelle de la Sal, han alertado que a pesar de la depuración que incluye el proyecto de Minera Los Frailes, la carga contaminante acumulada en la corta descargaría en el estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos, como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros. Y alertan especialmente no sólo porque el vertido se haría en el propio Guadalquivir y cerca de la capital, sino porque llegaría hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando a las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz.

Para los ecologistas, siguiendo el principio de prevención “no debe autorizarse este vertido minero ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero”, que además recuerdan que el contenido del Dictamen Ambiental y del Informe de Admisibilidad del vertido “no han sido nunca sometidos a información pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía”.

Una depuradora, la apuesta estrella

Ante estas declaraciones, Minera Los Frailes lo ha defendido como “un proyecto emblemático en la gestión ambiental y sostenible del agua en el sector de la minería”, que cuenta ya con el dictamen ambiental favorable y que las modificaciones incluidas incrementarán de 350 a 450 millones la inversión para incluir una “estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto. Con ello, resolverá definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera”, aseguran.

El director de operaciones de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, ha señalado que el proyecto “se ajusta a las nuevas exigencias de un riguroso proceso de tramitación ambiental que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones”, con una planta de última generación que cumple con la normativa actual y que han llevado a cabo conjuntamente las andaluzas AYESA e INERCO. Según exponen, el “efluente íntegramente depurado con tecnología de última generación se trasladará mediante un emisario de 30 kilómetros hasta el Estuario del Guadalquivir que estará permanentemente monitorizado para asegurar la calidad del agua”, y contará con un Plan de Vigilancia independiente a la empresa, con control diario del agua.

También recordaba que será una extracción de minado interior que reduce el impacto ambiental y generará “la menor huella hídrica posible, valorizando el agua de pasivos para el consumo del proceso metalúrgico”, mientras no habrá presas de lodo, que se aprovecharán para el relleno de la mina interior, se harán estudios de economía circular para extraer metales del agua contaminada, se invertirán 80 millones en restaurar la zona y se incluirá un fondo de desarrollo de 30 millones para “generar empleo y economía más allá de las actividades vinculadas a la industria minera”. Estiman que se generarán 2.000 empleos a lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto.

El vertido está dentro del marco exigible

Por parte de la Junta volvía a insistir el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que “los parámetros” del vertido de la mina está “dentro absolutamente del marco normativo exigible y exigente” y que “el agua estará tratada”. “La tecnología ha avanzado muchísimo”, insistía hasta el punto que negar que se vaya a verter aguas contaminadas, tóxicas y plagadas de metales pesados al entorno.

Paradela reconocía que con este proyecto van “con pies de plomo” por la complejidad que conllevan los proyectos de minería, pero también transmitía “tranquilidad” porque esta mina es “completamente distinta” a la que en 1998 causó una catástrofe ambiental en la zona, más cuando “no va a haber balsas de residuos, ni una corta a cielo abierto”.

“Esta es una mina de interior, no es una mina a cielo abierto, no es aquella corta que recordamos. Y además la tecnología ha evolucionado por completo. Los pasos que se están dando son todos. Cuenta con todos los parabienes, todos los informes, todos los informes de contraste, todos los periodos y pasos necesarios marcados por la legalidad”, insistía.

 

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