Actualizado: 20:39 CET
Domingo, 12/07/2020

Sanlúcar

La Junta de Andalucía pide romper con el Consorcio de Aguas de Cádiz

Deja en manos de los Ayuntamientos, entre los mismos el de Sanlúcar, el suministro de agua potable

  • Sanlúcar de Barrameda es uno de los 19 municipios mencionados en esta situación
  • Esta decisión afecta a un millón de habitantes pertenecientes a 19 localidades de la provincia
  • Ya en 2016 el gobierno andaluz solicitó su salida
  • Los municipios exigieron un paquete de inversiones que se irían realizando con el paso de los años

La Junta de Andalucía ha confirmado por escrito y verbalmente, que quiere dejar de formar parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, “lo que supone dejar en la estacada a los 19 municipios gaditanos que accedieron a asumir unas responsabilidades supuestamente compartidas con la Consejería de Medio Ambiente que hasta la fecha ha formado parte de la Asamblea General y del propio Comité Directivo”, según un comunicado remitido por el propio Consorcio.

Las localidades afectadas de la provincia de Cádiz que forman parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) son las siguientes: Algar. Paterna de la Rivera. Arcos. Puerto Real. Barbate. El Puerto de Santa María. Benalup - Casas Viejas. Rota. Cádiz. San Fernando. Chiclana. San José del Valle. Chipiona. Sanlúcar. Conil. Trebujena. Jerez de la Frontera. Vejer. Medina Sidonia.

“Esta decisión supone que la Junta de Andalucía se desentiende de su compromiso, dejando el suministro de agua potable en alta de casi un millón de habitantes en manos de unos Ayuntamientos que deberán asumir además de la gestión, los cánones de regulación, el trasvase y el saneamiento por una suma que supera los tres millones de euros”, lamentan.

El acuerdo fundacional al que se hace referencia data febrero de 2005, cuando se acordó que los diecinueve municipios que conforman el CAZG, creado con una Ley de 1945 para el abastecimiento de agua potable a todos sus municipios, aceptaran la explotación de las infraestructuras, que desde 1957 habían sido explotadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la espera de que los Ayuntamientos tomaran el testigo. Además, en dicho acuerdo de 2005, debido a las dimensiones de la enorme red de tuberías, depósitos, depuradoras y estaciones de bombeo con más de 130 trabajadores, parecía un acto de fe sin la participación de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que se puso como condición que ésta formase parte del Consorcio con una aportación que iría a sufragar los gastos de estructura y que apenas supone unos 300.000 euros del presupuesto anual.

Por su parte, los municipios exigieron a los interesados firmantes en el traspaso, el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y la propia Confederación, la ejecución de un paquete de inversiones que se irían realizando con el paso de los años y, que hasta la fecha se ha materializado en casi la mitad de los compromisos firmados por dichos organismos, con un importe total cercano a los 150 millones de euros. Ya en 2016 la Junta de Andalucía solicitó su salida del Consorcio, pero tras mantener varias reuniones el Presidente, el Vicepresidente y Jiménez Barrios, se acordó que seguirían formando parte del CAZG, cosa que ahora no.

Según el Consorcio, la Junta de Andalucía “no ha reparado en que para que se produzca su salida del CAZG, deberá en todo caso pasar por el trámite legalmente establecido en los Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, ni que el acuerdo que motivó a los Ayuntamientos para dar el paso, no se extinguiría hasta el total cumplimiento de las actuaciones relacionadas en el citado Convenio de Colaboración”.


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