Una jueza de Ronda ha decidido investigar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, para esclarecer si el exdirigente socialista cobró por asesorar a una empresa al tiempo que participaba como miembro del Consejo Consultivo andaluz en las decisiones sobre uno de sus proyectos en Ronda. La magistrada habla en concreto de su posible participación en “irregularidades relacionadas con la tramitación de la modificación de elementos del PGOU” de esta ciudad malagueña, en el contexto del llamado Caso Acinipo, que se ocupa de una presunta trama de corrupción urbanística a partir de la construcción de un centro comercial en la localidad.
La jueza emitió un auto en marzo pasado donde viene a señalar al expresidente andaluz por haber participado presuntamente en el proceso de resolución de dicho proyecto en su doble condición de abogado y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía. De hecho, lo que se investiga es si alguno de los implicados en la causa abonó servicios de asesoramiento al despacho Borbolla Asociados para, presuntamente, conseguir el trato de favor del expresidente en el referido organismo público.
Para ello, y tras solicitarlo mediante un oficio el Grupo II de la Sección de Delincuencia económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, la jueza solicitó mediante sendos mandamientos a las entidades Cajasol y Banco Popular que faciliten información sobre los titulares de las cuentas emisora y receptora de un cheque por valor de 35.400 euros.
Ni el auto de la jueza ni los casi 6.000 folios de la investigación sobre los que esta misma semana se ha levantado el secreto del sumario, aclaran si existen otros pagos similares, si bien la magistrada asegura en su escrito que las diligencias pretenden dilucidar si Rodríguez de la Borbolla obtuvo “elevadas retribuciones” como “remuneración por una actividad privada incompatible con la pública”.
Secreto de sumario
Esta semana se ha levantado la práctica totalidad del secreto sumarial que pesaba sobre una instrucción que arrancó en 2010, con la salvedad de dos oficios policiales fechados en febrero y marzo de 2013. Sin embargo, en el referido auto de la jueza Judith Saíz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, se alude a esos documentos policiales apuntando que en uno de ellos los investigadores aseguran que “existen indicios objetivos” sobre la comisión de irregularidades por parte del expresidente.
El nombre de Rodríguez de la Borbolla aparece además en varias de las conversaciones interceptadas a los implicados en este caso de presunta corrupción urbanística, que centra la mayor parte de las investigaciones desarrolladas hasta el momento en la implantación en Ronda de un centro comercial de la firma vasca Eroski.
Los investigadores recelan de diversas permutas de terrenos para la construcción de este centro comercial sobre el antiguo municipal de Deportes y un viejo recinto ferial de Ronda, para lo que fue necesario modificar el PGOU. Se investigan las transmisiones de esos suelos y sus valores, y si el Ayuntamiento pudo favorecer intereses distintos a los públicos en sus valoraciones y actos.
Cuatro años de investigaciones sobre el urbanismo en Ronda
Los investigadores del caso Acinipo decidieron poner el nombre que los romanos dieron a la antigua Ronda a la investigación por supuesta corrupción urbanística que desencadenó en septiembre de 2011 la intervención del Ayuntamiento de la ciudad y el arresto del ex alcalde, Antonio María Marín Lara, así como de varios de sus exconcejales, empresarios e incluso, hace meses, de técnicos del Consistorio malagueño.
Este pasado miércoles, la magistrada que se encarga de las investigaciones, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, levantó la práctica totalidad del secreto del sumario, unos 6.000 folios, con la excepción de 100 hojas pertenecientes a dos oficios policiales que la instructora vincula en un auto de marzo pasado con el expresidente José Rodríguez de la Borbolla.
El propio fiscal anticorrupción Valentín Bueno, admite en un informe fechado en julio pasado que dichos informes podrían ser claves para la continuación de unas diligencias previas que arrancaron en el año 2010. Los trámites para la implantación de un centro comercial Eroski en la localidad malagueña centran la práctica totalidad de la instrucción.
En los documentos entregados a las partes se relata cómo la jueza autorizó las detenciones de septiembre de 2011, así como el registro del Ayuntamiento de Ronda y los practicados en varios domicilios de antiguos cargos políticos o diferentes despachos de abogados de Ronda, Madrid, Vizcaya o Valencia.
Aunque todos los detenidos en esta investigación quedaron en libertad en su día, sobre ellos pesan imputaciones por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En total hay una decena de imputados y varios han denunciando el mantenimiento del secreto sumarial durante tanto tiempo.
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