En el juicio, que ha celebrado el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, Pacheco se enfrenta a una petición de condena de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación urbanística, por autorizar 16 promociones de viviendas pese a que, según la Fiscalía, había sido advertido de que vulneraban la legalidad.
La denuncia por la que se inició esta causa la presentó un colectivo que agrupa a vecinos que son propietarios de viviendas que tienen sentencias de derribo, y que se han personado como acusación particular. En los últimos años, los tribunales han dictado varias sentencias firmes de demolición en ese municipio.
El alcalde señaló ayer que las licencias por las que se le acusa en este proceso se concedieron porque se referían a suelo calificado como urbano en el planeamiento municipal, y contaban con el visto bueno de los técnicos del Consistorio.
Aseguró que no interviene “para nada” en la confección de los expedientes urbanísticos y que éstos le llegan ya resueltos por los técnicos, a falta de su firma.
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