Los sindicatos Acaip, CCOO y UGT han reclamado hoy al Ministerio del Interior que restablezca la "cordura" en la toma de decisiones sobre el centro penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, donde fueron internados a mediados de noviembre medio millar de inmigrantes argelinos.
Unas 400 personas según los convocantes y de 250 a 300 según la Subdelegación del Gobierno, se han concentrado hoy a las puertas de la prisión, en protesta por el internamiento de personas "sin condena alguna" y por el "desprecio" mostrado por Interior hacia los trabajadores penitenciarios que ya tenían que haberse incorporado a sus puestos en este centro.
A la concentración, con el lema #ArchidonaEsPrisión, no Encarcelemos la Inmigración" y que se ha desarrollado sin incidentes, han asistido trabajadores de los centros más afectados por el concurso de traslados procedentes de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada.
Los representantes sindicales han trasladado la necesidad de que se cumpla la legalidad, ya que el uso que se está haciendo de este centro -pendiente de iniciar su actividad penitenciaria- "no es tolerable ni amparable" por la normativa española ni internacional, según ha apuntado el presidente de Acaip, José Luis Pascual.
A este respecto, ha criticado la "permisividad" con la que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias permitió que el centro, cuyo uso estaba aprobado como prisión, se destinase a albergar "personas que nunca han cometido un delito".
También ha lamentado la "falta de transparencia" que existe en torno al uso de la cárcel, que impide conocer el número de inmigrantes internados, lo que a su juicio evidencia que "el Estado está tomando las decisiones a bote pronto y no está pensando en las personas", pues tanto los inmigrantes como los trabajadores "merecen un respeto".
Además de las acciones judiciales emprendidas para determinar por qué se internó a los inmigrantes en la cárcel cuando en los autos se ordenaba su ingreso en un centro no penitenciario, Pascual ha informado de que van a llevar a cabo otras de responsabilidad patrimonial.
Esto es debido a que "un centro penitenciario que ha costado 140 millones se encuentre deteriorado sin el uso para el que fue construido, que haya cambiado".
En cuanto a los trabajadores, ha explicado que hay unos 240 empleados públicos afectados, cuyo nombramiento se publicó el pasado noviembre en el Boletín Oficial del Estado, pero que después han sido "retenidos" tres meses, lo que supone una "incertidumbre total y absoluta sobre lo que va a pasar en el futuro".
Por otro lado, la Red Española de Inmigración ha pedido hoy la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "tras confirmarse la presencia de siete menores" en la cárcel de Archidona.
Este colectivo ya denunció el pasado 23 de noviembre la existencia de varios menores de edad en las instalaciones y de la necesidad de que pasasen a la tutela de la Junta de Andalucía.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
