Ilusos, incautos, ingenuos, o directamente “tontos de capirote”. Así deben considerarnos algunos de nuestros insignes políticos; como iletrados incapaces de sacar conclusiones por nosotros mismos.
No me cabe otra opción cuando en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy, entre PP y Ciudadanos, fijaron la condición de un Pacto Político y Social por la Educación, reclamado como necesario por todos, en el irrisorio plazo de seis meses. Plazo a todas luces ficticio, porque el pacto había sido imposible hasta entonces, no ya de cerrar, sino aún de empezar. O nos toman por inocentes, o los optimistas (¿o el término más apropiado sería simples?) fueron ellos al fijar ese plazo. Lo cierto es que por eso, que la Subcomisión del Congreso lo haya prorrogado seis meses más no es una sorpresa para nadie. Pero, que esto no nos lleve a equívoco: el problema no está en el plazo.
Por la Subcomisión han pasado ochenta comparecencias y entre ellas entidades y agentes del sector educativo con conocimiento de causa. Más que suficiente para elaborar un diagnóstico. Pero me temo que tampoco en la determinación de ese análisis está la dificultad.
Ni en el plazo que se necesite, ni en el diagnóstico; el problema radica en la búsqueda de soluciones y, si me apura, igual ni siquiera en que las mismas sean las más acertadas o no, sino en si puede existir un consenso sobre ellas, que dote de algo de mínima estabilidad a este sector sumido en la provisionalidad eterna.
Lo esencial, lo mollar, está en si realmente hay voluntad de alcanzar ese pacto y dejar de “jugar a la política” con la educación. Y si aún no tiene clara la respuesta, fíjese qué didáctico al respecto ha sido el PSOE, que tan solo un día después de acordar esa prórroga del plazo, concretaba su amenaza de lo que ya vino en denominar “un otoño calentito” en lo educativo, presentando unilateralmente tres proposiciones de ley con la que pretenden suprimir el valor académico de la clase de religión, dejar de financiar la diferenciada y reducir los conciertos educativos, privilegiando la planificación de la Administración frente a la demanda de plazas de los padres. ¡Casi nada!
Como puede comprobar, toda una declaración de intenciones sobre su disponibilidad real de llegar a un pacto, de ceder posiciones y de buscar un consenso.
Y encima, se permiten afirmar que estos aspectos, que son un tema esencial para una parte fundamental de la sociedad española, que afectan a la libertad de enseñanza y a la elección de formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de sus padres, que se entrometen de lleno en el texto constitucional, no tienen por qué afectar a la posibilidad del pacto. Esto es algo así como si alguien viene deliberadamente a pisarle con saña y a empujarle con vehemencia, pero le indica que es sin acritud y que no tiene por qué afectar a su relación amistosa con él, y que si Ud. se enfrenta o le retira la palabra debe ser que esa es su libre voluntad.
El PSOE “dinamita” con esta provocación cualquier opción a un acuerdo, y bien que lo sabe, y Podemos, francamente, nunca ha parecido estar por la labor. Al menos que tengan la decencia de decirnos que no están dispuestos a aceptar ninguna otra propuesta educativa que no coincida exacta y puntualmente con la suya.
Ilusos, incautos, ingenuos, o directamente “tontos de capirote”. Así deben considerarnos algunos de nuestros insignes políticos. Y visto lo visto, igual sí que somos más crédulos de lo justificable, pero sería incomprensible a estas alturas creerse sus palabras hueras, cuando las deslegitiman sus propios hechos.
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