El 39 por ciento de las viviendas de la barriada de San Juan de Dios padece problemas estructurales como consecuencia de la mala calidad de la edificación, el incumplimiento de la normativa en el proceso de construcción y la falta de mantenimiento por parte de la administración pública. Esa es sólo una de las conclusiones que puede extraerse de un estudio realizado por Cáritas Diocesana, que ha analizado la realidad de 113 de las 360 viviendas de la barriada y que pone de manifiesto la situación en la que se encuentran unos edificios cuyo derribo se anunció en 2002, hace ya 16 años.
El trabajo concluye que el 72 por ciento de las viviendas tiene humedades y goteras como consecuencia del estado que presesntan las cubiertas y la pintura exterior de los bloques, el mal estado que presenta la fontanería general o la inexistencia de seguros de hogar comunitarios o privados que subsanen los daños en las instalaciones. Ante esta situación, no extraña que el 41 por ciento de las viviendas tengan parásitos, alertando la mayoría de las familias consultadas de la presencia de cucarachas y ratas como un mal endémico que afecta a toda la barriada.
Como consecuencia de ello, el 20 por ciento de las viviendas presenta un “elevado grado de deterioro o estado ruinoso”; el 40 por ciento tiene defectuosas las instalaciones de electricidad; y el 34 por ciento la del agua, con el peligro que ello entraña.
El 11 por ciento de las viviendas se encuentra actualmente en estado inhabitable, ya que carecen de equipamiento básico y fundamental como wc, agua caliente, baño, ventanas o suministros. Ese 11 por ciento se incluye a su vez en el 25 por ciento de viviendas que “no supera las mínimas condiciones de habitabilidad”. Ese 14 por ciento restante no se llega a considerar inhabitable, pero carece de condiciones mínimas, en ocasiones, debido al deterioro de las instalaciones eléctricas, de fontanería o humedades.
El 58% de las familias, hacinadas
El 44 por ciento de las familias son nucleares, con uno o dos hijos; y el 16,22 por ciento de las personas entrevistadas vive sola. El estudio subraya que el 58 por ciento de las familias viven hacinadas, ya que superan los tres miembros y las viviendas apenas disponen de 40 metros cuadrados. Destaca además el hecho de que en el 18 por ciento de los hogares vive al menos una persona con una discapacidad reconocida.
El problema mayor lo padece el 10 por ciento de las familias, que cuentan con personas con movilidad reducida, toda vez que conviene recordar que estas viviendas cuentan con numerosas barreras arquitectónicas. Entre otras cosas, los edificios no disponen de ascensores y los 40 metros cuadrados de cada piso se distribuyen en dos plantas, comunicadas por una escalera interior cuyas dimensiones no alcanzan la mínima establecida por la normativa vigente.
Por si fuera poco, los vecinos tienen una media de edad bastante alta, como demuestra el hecho de que el 25 por ciento de las familias tengan al menos a un miembro de más de 60 años o que en el 46 por ciento de los hogares no haya menores de edad. Esta circunstancia se atribuye a la antigüedad de estas viviendas, cuyos primeros contratos se registraron en 1962.
Problemas de titularidad
Otra de las cuestiones que provoca inquietud en el vecindario es el régimen de tenencia de las viviendas. El estudio elaborado por Cáritas pone de manifiesto que el 48 por ciento de las familias “está viviendo de forma insegura”. En esta situación se encuentran aquellas que ocupan una vivienda “cedida en precario”. Cáritas recuerda en este sentido que muchas de estas cesiones en precario fueron realizadas entre particulares de manera alegal, ya que personas que no son titulares las han vendido a muy bajo precio o por una cantidad simbólica a terceros sin ninguna garantía de estabilidad o reconocimiento por parte de la administración pública. En esta situación se encuentran el 34 por ciento de las familias.
Pero además de ello hay casos de viviendas alquiladas por arrendadores que no tienen a su vez derechos documentados legales sobre las viviendas. Por último, el 8 por ciento de los pisos ha sido ocupado sin ningún papel ni trámite de ningún tipo y por tanto al margen de cualquier legalidad. Sólo el 29 por ciento de los vecinos es propietario legal de las viviendas en las que residen; y apenas en el 16 por ciento de los casos las cesiones se han realizado en base a la legalidad.
Todo ello provoca que el 6,1 por ciento de los vecinos hubiera sufrido amenazas de desahucio en los tres meses anteriores a la elaboración de la encuesta, pero resulta indudable que a tenor de las irregularidades comentadas con anterioridad el número de familias que podrían recibir ese tipo de advertencias es bastante superior.
Las zonas comunes, otro problema
En opinión de Cáritas, las zonas comunes de la barriada de San Juan de Dios se encuentran en un estado “lamentable”, bien sea por el estado de las escaleras como de los buzones, barandas, quitamiedos, bajantes, instalaciones eléctricas, cubiertas, aceras o asfaltado de las calles. A todo ello debe sumarse la inexistencia de zonas y espacios verdes junto a los bloques de viviendas.
De nuevo en el interior de los pisos, llama la atención que el 3 por ciento de los mismos carezca de bañera o ducha; mientras que el 2 por ciento no tiene wc. El agua corriente y el agua caliente no existen en el 4 y el 6 por ciento de los casos, respectivamente. El 78 por ciento de las viviendas utiliza tanto la luz como el gas. Sin embargo, el 29 por ciento de las familias ha sufrido alguna interrupción en el suministro de luz. Aquí se tienen en cuenta tanto a los vecinos a los que se ha interrumpido el suministro como a aquellos que lo tienen enganchado de manera irregular.
El estudio ha analizado la realidad de 113 viviendas. El tipo de muestreo ha sido aleatorio sin reposición. Cáritas ha contado con profesionales, así como con la colaboración de la asociación de vecinos de San Juan de Dios.
Cáritas reclama una mesa para intervenir en la zona
El documento elaborado por Cáritas Diocesana reclama la puesta en marcha de una mesa de trabajo que parte del análisis de los vecinos, contando con todas las organizaciones presentes en la zona e implicando a las áreas municipales que ofrecen servicios a la ciudadanía. El objetivo no es otro que el de iniciar un proceso de intervención comunitaria que mejore la calidad de vida de estas familias. Se advierte incluso de que el Ayuntamiento “tendría que dedicar un equipo de técnicos” a esta cuestión.
De manera paralela, “urge” realizar una valoración en profundidad de cada caso, con el propósito de ofrecer “una respuesta digna” a todas las familias “en función de sus posibilidades económicas y características”.
Como “medidas urgentes” se plantea el arreglo de los accesos a la barriada, en lo que se refiere a acerado y asfaltado de la carretera y los aparcamientos; bajantes comunitarios; instalación de buzones y reposición de barandas, quitamientos y mobiliario urbano, además de la mejora de la limpieza.
También se plantea la necesidad de habilitar lugares de esparcimiento, ocio y tiempo libre; así como la construcción de vías de comunicación y acceso a la barriada.
Por otra parte, en aquellos casos detectados de viviendas inhabitables que carecen de la estructura y suministros básicos, se apuesta por la concesión de ayudas económicas municipales o arreglos por parte de las áreas municipales competentes. Por último, para las personas con movilidad reducida que están atrapadas en sus casas sin posibilidad de usar el wc -situado en la planta alta- se plantea ofrecerles la posibilidad del cambio de vivienda o la concesión de ayudas para trasladar este equipamiento básico en la planta baja.
Tanto el director de Cáritas Diocesana, Francisco Domouso; como Pepe Reyes, del equipo de la Cáritas parroquial de San Juan de Dios, lamentaron que el Ayuntamiento no haya culminado el proyecto de derribo de los actuales edificios anunciado en 2002. Ese compromiso favoreció a los vecinos de 120 viviendas, que fueron trasladados a bloques de nueva construcción; pero dejó pendientes a los ocupantes de otras 360.
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