Llegó la hora de explicarse ante el juez. La exalcaldesa de Jerez y actual diputada nacional del PP declara este lunes a las 10.30 en el Tribunal Supremo como investigada por prevaricación y falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004. El Supremo abrió una causa en la que está implicada la diputada el pasado septiembre, en un auto en el que reconocía “la trascendencia de los indicios” que existen para involucrarla. Dependiendo de si sus argumentos convenzan o no al instructor de la causa, el magistrado Antonio del Moral, en esta declaración “voluntaria”, este último decidirá si procede o no tramitar el suplicatorio al Congreso contra ella.
Y es que es precisamente su condición de aforada, que ha conservado primero por su cargo de senadora -el PP acordó también el pasado mes de septiembre incluir a García Pelayo en la diputación permanente del Senado-, y después por pasar al Congreso, ha ralentizado su comparecencia ante el juez. Hay que recordar que fue el fiscal del Supremo quien pidió al tribunal que investigara los indicios de irregularidades en las citadas adjudicaciones y la posible implicación de la exalcaldesa de Jerez en ellas.
La Sala aceptó la causa, pero limitó la investigación a la diputada, sin querer hacerse cargo del caso en lo que afecta a otras personas vinculadas al caso investigado.
Fue entonces cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de esta parte de la investigación, al ostentar García Pelayo la condición de aforada.
En dicha exposición, el juez apuntaba que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, ante la aparición de indicios de “groseras irregularidades” en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004. Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.
Investigación
Para el juez “todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”.
Mucho más avanzado está el proceso con los técnicos municipales imputados. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya ha abierto juicio oral al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas (cinco de ellos funcionarios municipales del Ayuntamiento de Jerez) por tres contratos irregulares del Consistorio jerezano a empresas de la red por 355.391 euros tras tomarles declaración en otoño pasado por esta pieza separada.
Ahora las miradas se dirigen más que nunca a García-Pelayo, que desde el principio ha defendido la legalidad de la adjudicación.
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