El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha dicho hoy que el Gobierno no ejecutará los proyectos de infraestructuras que estaban proyectados pero aún no adjudicados, lo que permitirá destinar recursos a la rehabilitación de cárceles y centros viejos.
Yuste ha comparecido ante la Comisión de Interior del Congreso, donde ha detallado que Instituciones Penitenciarias contará en 2013 con una dotación de 1.142 millones de euros, lo que supone una disminución del 4,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Tras asegurar que las restricciones presupuestarias no afectarán a los programas de reinserción y a la atención sanitaria, Yuste ha explicado que cuando se hizo cargo de este organismo en enero se percató de que, en algún caso, había una planificación "lamentable" e "ineficiente".
Así, ha continuado, se licitaron nuevos centros sin tener en cuenta la dotación de personal necesaria, la situación económica y la evolución de la población reclusa.
Como esto ya "no tiene remedio", la Secretaría General llevará a cabo algunas actuaciones, como en el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se pondrá en marcha a finales de noviembre y que tendrá que dotarse con funcionarios del antiguo centro.
El de Málaga, por su parte, no estará terminado hasta finales de 2013 y, por el momento, no hay nuevos funcionarios para ese centro.
De las infraestructuras ya construidas por el anterior equipo, en el centro de Pamplona, ha dicho Yuste, sólo se han podido abrir tres módulos porque no hay suficientes funcionarios, mientras que el de Navalcarnero (Madrid) se sostiene por el trabajo de los empleados públicos en comisión de servicios.
También ha citado el caso "paradigmático" del centro de Soria, que, sin estar terminado, la única aspiración es poder cerrar el antiguo y abrir el nuevo parcialmente.
El resto de proyectos que se habían previsto pero que todavía no han sido adjudicados, no se va a licitar, de tal manera que con el ahorro que se va a producir, se abordarán "posibles reformas de centros viejos" para mejorar la habitabilidad.
Preguntado por la diputada socialista Guadalupe Martín por la seguridad exterior e interior de las cárceles, Yuste ha dejado claro que la interna seguirá corriendo a cargo de los funcionarios de prisiones, mientras que la externa se realizará en un régimen público-privado.
El Ministerio del Interior quiere poner en marcha a finales de año un plan de privatización del servicio de seguridad externa en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos exescoltas del País Vasco y Navarra al mando de la Guardia Civil.
Yuste ha ofrecido datos sobre el número de internos en las cárceles de titularidad estatal -todas menos las de Cataluña-, que ha cifrado en 59.300, lo que supone una disminución de 5.500 desde 2009
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