Once años después de aprobada la ley de Memoria Histórica y más de uno desde la ley de Memoria Democrática de Andalucía sigue sin resolverse el asunto de la tumba del general golpista y genocida Gonzalo Queipo de Llano en un lugar bien visible de la basílica de la Macarena. Por más que se haya retirado de la inscripción su título militar de teniente general y destacado el de hermano mayor honorario, Queipo sigue siendo un símbolo del golpe de estado que provocó la guerra civil e instauró una cruel y represiva dictadura durante 40 años. Todos sabemos que no habría recibido sepultura a los pies de la Virgen si no hubiera sido una figura destacada de aquel régimen totalitario.
La remoción de los restos del general es obligada por ley, máxime tras haberse producido la de otros dos generales golpistas, Mola y Sanjurjo, de sus mausoleos de Pamplona por iniciativa del Ayuntamiento navarro y se anuncie la de Franco del Valle de los Caídos. La solución que estudia la hermandad de la Macarena, de acuerdo con los familiares, de trasladarlos a un columbario a mayor profundidad en el subsuelo del templo para que dejen de tener visibilidad y queden en el ámbito privado parece razonable, pero no se puede eternizar en el tiempo. La hermandad debe acelerar los plazos, porque Queipo no puede seguir estando más tiempo ni al margen ni por encima de las leyes de nuestra Democracia.
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