El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha propuesto hoy en el Parlamento un "gran pacto por la Justicia" en España, entre las comunidades con las competencias delegadas y el Gobierno central, para lograr mayor rapidez y calidad, con un servicio "acorde al siglo XXI".
En su comparecencia en comisión parlamentaria para informar sobre las principales líneas de actuación de su Consejería, De Llera ha explicado que la Administración de Justicia requiere un "cambio procedimental, cultural y legislativo" en el que deben participar los responsables políticos, el Consejo General del Poder Judicial, los operadores jurídicos y los profesionales del sector.
Ha insistido en que para reducir la litigiosidad y acortar sus plazos de resolución hay que atender de forma inexcusable las necesidades de la planta judicial que aún no están cubiertas e incorporar nuevas formas de resolución de conflictos que hagan posible una justicia más moderna, según ha informado la Junta.
En este ámbito, la Junta continuará con la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal que empezó a poner en marcha a finales de la anterior legislatura.
En el capítulo de infraestructuras, el Gobierno andaluz pretende "seguir adecuando" sedes con problemas de espacio o instalaciones obsoletas y avanzar en los proyectos de construcción de ciudades de la justicia en las capitales andaluzas donde aún no se han puesto en marcha, así como en Algeciras y Jerez.
De Llera ha destacado una inversión de 30 millones para la eliminación progresiva del papel en los procedimientos judiciales y la puesta en marcha de la Sede Electrónica Judicial.
Además, culminará la implantación del sistema informático Jara, al que acompañará un plan de gestión integral archivística, "para acabar con la imagen de los juzgados llenos de papeles y cajas amontonadas", y garantizar una correcta conservación de los documentos judiciales, ha agregado el consejero.
Ha confirmado la apuesta del Gobierno andaluz por la consolidación del servicio de justicia gratuita en Andalucía, tras haberse puesto al corriente de los pagos a los abogados y procuradores que realizan esta prestación a las personas en situación económica y social más vulnerable.
Respecto a los bebés robados, De Llera ha asegurado que va a prestar "especial atención" a las víctimas durante esta legislatura, para lo cual mantendrá una "estrecha colaboración" con estas familias, con la fiscalía y con los órganos judiciales para favorecer la investigación de estos hechos.
En ese sentido, ha informado de que la Junta ya ha iniciado los contactos con las distintas asociaciones que defienden esta causa, así como con otras administraciones públicas, a fin de adoptar las medidas que contribuyan a que estas familias reciban una respuesta adecuada a su grave problema.
Una de las medidas previstas es que el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) amplíe su cobertura y preste también atención a las familias que han sufrido casos de bebés robados, como también a las personas que han padecido accidentes de tráfico.
De Llera ha criticado también la ley de seguridad ciudadana del Gobierno central, que cree que antepone la seguridad ciudadana sobre el libre ejercicio de los derechos fundamentales, "invirtiendo el orden que prima en la Constitución".
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