Cádiz

El alcalde anuncia cuatro nuevas promociones en Cádiz en un tenso debate sobre vivienda

PSOE y Adelante Izquierda Gaditana insisten en la necesidad de vivienda social y el PP defiende también la protegida a precio asequible y renta libre

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  • Pleno extraordinario sobre vivienda en Cádiz. -

Para cuando el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, pidió al resto de grupos de la Corporación que “la vivienda no se convierta en motivo de pimpampum político” el debate, agotado, ya había alcanzado un alto voltaje pese al anuncio del desbloque de cuatro nuevas promociones por parte del alcalde, Bruno García.

Su propio compañero de filas, José Ramón Ortega advirtió al nuevo equipo de Gobierno del PP que “no podemos repetir errores” como los cometidos, a su juicio, durante el periodo en que empuñaba el batón de mando Teófila Martínez. Entre otros citó a los “asustaviejas, la negación de pérdida de población con un censo paralelo o la construcción a precio de mercado”.

Desde Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, que recordó que la ciudad “es pequeñita”, con solo tiene trece kilómetros cuadrados, sin periferia, y los gaditanos destinan hasta el 40% al pago del alquiler como motivos para tomarse en serio el asunto, acusó a la Junta de Andalucía, administración gobernada por el PP con competencias en la materia, de ejecutar “cero viviendas” desde 2018, cuando Juanma Moreno se convirtió en presidente.

David de la Cruz también cargó contra los populares, al reprocharles que durante dos décadas  en el Ayuntamiento solo fueron capaces de construir 139 viviendas públicas, “ninguna entre 2009 y 2014, “cuando más fatigas pasaba la gente”, frente a las 155 edificadas en los ocho años de José María González como alcalde.

El portavoz de la coalición de izquierdas consideró, además, que el debate debía abordar el modelo de futuro: “Frente a la torre de lujo (que proyecta el Grupo Abu), defendemos Gregorio Marañón”, con inmuebles “asequibles para los vecinos”. “No rotundo a la vivienda en compra”, remachó Helena Fernández.

Antes estos argumentos, el alcalde, Bruno García, decidió tomar la palabra. En las dos intervenciones anteriores, lo hizo la delegada Ana María San Juan, en tono conciliador, salvo cuando lamentó “la pasividad” para afrontar el problema por parte del anterior equipo de Gobierno con la connivencia del PSOE.

El primer edil fue mucho más vehemente. Coincidió con los dos grupos políticos de la oposición de que “hace falta una decidida política de construcción” y explicó que por eso mismo, en apenas cien días, el PP ha destinado 8,2 millones de euros procedentes del remanente de la liquidación del presupuesto de 2022 a financiar las promociones de Marconi y García de Sola y adelantó que desbloquearía otras cuatro promociones en las calles San Juan Bautista de la Salle, Merced, Soledad y Barquilla de Lope, aunque no dio detalles.

Asimismo, subrayó que invertirá un millón de euros en el mantenimiento del parque público de vivienda y continuar construyendo vivienda pública, pero también apeló a dar la oportunidad de ofrecer vivienda en régimen de venta a casi un millar de demandantes con nómina que no pueden tenerla.

En este sentido, se refirió a Navalips, con la mitad de las 800 de renta libre, y afeó al PSOE que no acepte el mismo modelo por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, insistió en que el equipo de Gobierno seguirá regulando las viviendas con fines turísticos y luchando contra los desahucios.

Tras el debate, salió adelante un documento con las siete medidas propuestas por el PSOE y las dos enmiendas de adición, con la abstención de Adelante Izquierda Gaditana en la referida al incremento del presupuesto de Procasa en 200.000 euros.

El documento incluye, entre otras medidas, la construcción de vivienda pública, la necesidad de controlar las viviendas con fines turísticos; hacer efectiva la expropiación que posibilita la ordenanza de solares vacíos y edificaciones ruinosas y mantener el parque público de titularidad municipal; modernizar y actualizar los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida y un plan de accesibilidad en los inmuebles.

Asimismo, incluye las propuestas del PP de incrementar el presupuesto de la empresa municipal en 200.000 euros el próximo año, propone instar al Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento a fijar la firma de convenios de financiación con fondos Next Generation que afectan a varias promociones en ejecución.

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